Tenoya se organiza para tratar de parar el biodigestor en los tribunales
Los afectados se constituyen en asociación ante lo que consideran el abandono de los vecinos por parte de las instituciones
Los afectados por la construcción del biodigestor de Tenoya, en la zona conocida como La Montañeta, en el antiguo camino a Casa Ayala, han decidido constituirse como asociación vecinal para tratar de recabar todos los apoyos suficientes, personales y económicos, con el fin de llevar su lucha contra la industria al terreno judicial. Estos vecinos sienten que las instituciones públicas, en especial el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, no ha defendido sus intereses.
«Nos hemos visto obligados a constituir una asociación para buscar dinero y meternos en el pleito», expresó Lorenzo Santana, uno de los portavoces del nuevo colectivo y experimentado representante vecinal de Tenoya.
«Este Ayuntamiento no ha defendido a los vecinos», añadió Santana, «estamos igual que en la época de la prepotencia de José Manuel Soria, y aún así entonces nos hacían más caso. En estos últimos cinco años, este gobierno progresista no ha hecho nada para parar lo que para nosotros es una ilegalidad».
Cinco años de lucha
La constitución del nuevo colectivo vecinal es el último paso de una lucha que se inició en abril de 2017, cuando los residentes de Tenoya denunciaban la destrucción de un antiguo estanque «que formaba parte de nuestro patrimonio etnográfico y ante cuyo destrozo no hicieron nada ni el Ayuntamiento ni el Cabildo de Gran Canaria».
Esta actuación sacaba a la luz la intención de construir un biodigestor para tratar los lodos procedentes de las estaciones depuradoras, en una cantidad de hasta 72 toneladas al día.
En 2011 el Cabildo había concedido la calificación territorial -el acto administrativo previo a la concesión de la licencia-, pero en 2017 se emitió un informe nuevo que la denegaba porque entendía que el último proyecto presentado por la empresa había cambiado. Al año siguiente, el Gobierno de Canarias también se opuso la autorización de instalación de la planta y rechazó la evaluación de impacto ambiental.
El silencio administrativo del Ayuntamiento
Sin embargo, en agosto de 2019, un juzgado decretó que la estación había obtenido la necesaria licencia municipal después de que el Ayuntamiento no hubiera respondido en los tres meses posteriores al registro de la petición de la empresa.
Ahora los vecinos saben que no lo tienen sencillo porque deben conseguir al menos unos 2.500 euros para iniciar la batalla judicial. Y de hecho están ideando opciones que permitan recaudar este dinero, desde el establecimiento de cuotas hasta aportaciones puntuales o rifas.
«Esto no va a ser un problema que afecte solo a diez o veinte vecinos», indicó Lorenzo Santana, «los olores van a llegar hasta La Suerte, Casa Ayala, Costa Ayala, Los Giles, Las Mesas y La Suerte, y eso sin contar que va a traer moscas, ratas y cucarachas».
«Si esto se pone a funcionar, habrá que cerrar hasta el ambulatorio y la gente tendrá que malvender sus casas porque no se podrá vivir aquí», añadió.
Y eso sin contar el riesgo que perciben los vecinos en caso de accidente ya que los accesos a esta parte de Tenoya se hacen a través de unas calles que son muy estrechas.
