Taxistas piden al TSJC que ejecute la suspensión de la tarifa única

La solicitud fue presentada ayer de modo formal, justo en el día en que se conoció que tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, así como la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), habían presentado sus respectivos recursos contra la suspensión cautelar.

«El auto judicial se tiene que llevar a efecto», explicó la presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi de Las Palmas, María Eugenia García, «esto obliga a las cooperativas a recuperar el software de la tarifa antigua y a empezar a aplicarla».

La representante de los asalariados recordó que la presentación de los recursos no suspende de forma automática la medida cautelar, de forma que el Ayuntamiento no puede aplicar la nueva tarifa sin incurrir en una irregularidad. «El taxista que ponga la tarifa 1 para ir al extrarradio debe saber que está incumpliendo con el auto judicial», añadió García.

Por su parte, el presidente de Asprotac, Francisco Mendoza, enmarcó la petición de fijar una indemnización de 100.000 euros en caso de que se mantenga la medida cautelar de suspensión de las tarifas, en el interés de las administraciones públicas por disuadir a los taxistas de expresar su rechazo del nuevo cuadro de precios. «Cuando los ciudadanos tratan de defender sus derechos, la administración lo amenaza con este tipo de fianzas y noticias», expuso, «pero estamos seguros de que los magistrados no se han equivocado».

Los tres recursos presentados (Consejería de Industria, Ayuntamiento y la ATAT) plantean la necesidad de que se fije una caución o garantía para que las dos organizaciones de taxistas recurrentes respondan de los perjuicios económicos que pudiera generar la suspensión de la tarifa única y el cambio de taxímetros. En este sentido, el Gobierno canario fijó esta fianza en 100.000 euros, mientras que el Ayuntamiento no la contabilizó y la ATAT la estimó en 184.135,46 euros, más 20.849,84 euros de lucro cesante diario por cada jornada de suspensión del nuevo precio.

García explicó «lo único justo es volver a la tarifa anterior» y negó que se pueda «hablar de una globalización del gasto» cuando son los propios taxistas «los que defendemos el interés general del servicio público del taxi».

En su opinión, lo que está tratando de hacer el grupo municipal de gobierno es que «de aquí a diez años, los ciudadanos solo puedan escoger entre la guagua y el servicio privado, donde la garantía al usuario no la lleva el Ayuntamiento sino la empresa privada».

El portavoz de Asprotac, Gorky Bethencourt, insistió en que el taxi se encuentra en «una situación de ilegalidad» como consecuencia de que no se acata el auto judicial y se obliga a recuperar las tarifas antiguas. Cree que desde el Ayuntamiento se ha apostado por la MetroGuagua y la bicicleta, y que se ha excluido al taxi de todos los planes de movilidad de la ciudad.

En cuanto al recurso de las dos cooperativas de taxis (presentado conjuntamente con la ATAT), Bethencourt indicó que «las cooperativas no representan sectorialmente al taxi porque son sociedades mercantiles que venden tornillos y neumáticos, y que hacen de soporte económico a la arruinada ATAT». Sus críticas a la asociación mayoritaria continuaron cuando se refirió a ella como «el instrumento de los políticos para manipular el sector del taxi».

Desde la Asociación de Titulares de Licencias de Auto Taxi de Canarias, Antonio León dijo que la tarifa única era una «medida populista que genera rédito político pero que no hace bien al sector del taxi».