Fianza de 100.000 euros sobre la suspensión de la tarifa única del taxi

08/02/2019

La Consejería de Industria y el Ayuntamiento recurren la suspensión cautelar de los precios del servicio público. Alegan que su aplazamiento afecta al interés general y al de los propios taxistas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias presentaron el pasado 1 de febrero sendos recursos contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de 15 de enero, por el que se ordena la suspensión cautelar de la tarifa única del taxi. Las dos instituciones, a las que se les notificó ayer la aceptación del recurso, coinciden en que la paralización del nuevo cuadro tarifario -que equipara el precio del servicio en todo el municipio eliminando la tarifa interurbana que se aplicaba a todos los barrios de la periferia- no solo afecta al interés general, sino que también daña la economía de los propios taxistas.

«La adopción de la medida cautelar solicitada de contrario perjudica en primer lugar a los taxistas, que deberán someter sus vehículos a una nueva modificación del taxímetro, con sus correspondientes, costes, sin tener previsto que la posible resolución de este recurso de reposición o el dictado de una sentencia desfavorable a las pretensiones de la demandante implique una nueva alteración de los taxímetros, con generación de nuevos costes», expone la letrada del servicio jurídico del Gobierno de Canarias.

La petición del Ejecutivo autónomo no se limita, en este sentido, a reclamar la desestimación de la medida cautelar -la suspensión de la tarifa única- sino que reclama que si se accede a mantenerla, se exija la fijación «de una fianza por importe de 100.000 euros, dado los costes (cambio de taxímetros) que genera la adopción de la medida cautelar». Este dinero deberían aportarlo como caución la Asociación pro Derechos de los Taxistas Autónomos de Canarias (Asprotac) y la Asociación de Asalariados del Taxi de Las Palmas, que fueron las que recurrieron las tarifas y cuya petición de suspensión cautelar fue aceptada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC.

La directora general de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria expone también en su recurso la necesidad de fijar una caución, «que sirve para responder, en su caso, de los posibles daños y perjuicios que pueden ocasionarse al demando si, con posterioridad, se pone de manifiesto que la medida carecía de fundamento y es, por ello, revocada».

En todo caso, en el recurso de reposición del Ayuntamiento capitalino no se fija una cuantía como indemnización.

La letrada municipal entiende que el auto «no cumple los requisitos de la ley para su otorgamiento, ni siquiera con el presupuesto de ejecución, porque de manera inexplicable, no se ha exigido caución». En su opinión, es necesaria la medida indemnizatoria «puesto que el cambio de taxímetro supone un coste de 90 euros, más el coste de pasar otra vez la ITV, más el dinero dejado de ingresar o el lucro cesante mientras esté en vigor la medida y se dicte sentencia». Pero también porque «los usuarios del taxi van a ver incrementadas las carreras a zonas que con esta modificación pasaron de ser interurbanas a urbanas».

Subida del 11%

Estos dos recursos, a los que se suma un tercero que plantearon la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (Atat) y las dos cooperativas de taxistas, discrepan de que el nuevo cuadro tarifario suponga una subida del 45%, como afirma el TSJC en su auto de medidas cautelares en base al informe económico en que se sustenta la petición de suspensión de los nuevos precios de Asprotac y los asalariados.

En este punto, el escrito del Ayuntamiento asegura que «con el expediente se prueba que se subió un 11%» pero además que le ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva ya que, al no emplazar a la administración municipal, se le causó «indefensión clara».

Los recursos también atacan la representatividad de Asprotac y de los asalariados. «Su parecer, contrario al incremento de tarifas, es aislado y opuesto al del grueso de asociaciones y cooperativas de taxistas», expone la letrada del Gobierno. Y la abogada municipal asegura que «se acredita que no es cierto que el sector esté en contra y sea el que defiende el interés general porque el 99% del sector apoya la medida (...) y porque el interés general lo defiende este Ayuntamiento».