La suspensión del techo de gasto permite a la ciudad el pago de 94 millones de euros extras

Esto supera las propias expectativas del grupo de gobierno, que en la presentación del presupuesto de 2021 había calculado que la liberación de las restricciones al gasto municipal permitiría el uso de unos 70 millones extra.

Al iniciarse 2021, el Consistorio capitalino tenía almacenado en los bancos un montante total de 316 millones de euros. Sin embargo, la aprobación de diferentes modificaciones de crédito a lo largo del presente ejercicio económico ha hecho que esta cifra se rebaje hasta los 222 millones de euros aproximadamente.

De los 94 millones de euros que han sido movilizados de sus cuentas, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha destinado cerca de cincuenta millones de euros en el pago de facturas que se acumulaban en los cajones desde hace años. Aquí se incluyen los 7,39 millones de euros que este viernes fueron aprobados para pagar a Emalsa los recibos por el tratamiento y la gestión de lodos de depuración, que vienen de diciembre de 2017.

Los 44 millones restantes del remanente de tesorería empleado este año se distribuyen en unos veinte millones de gastos comprometidos; otros 13,7 millones de expropiaciones; 2,42 millones por el pago de sentencia -como los 892.700 euros cuya liquidación fue autorizada en el pleno-; 2,4 millones para iniciativas culturales; tres millones más para asistencia social; y 2,34 millones para el pago de nóminas del Instituto Municipal de Empleo y Formación.

El alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, justificó la urgencia y el carácter extraordinario de la sesión plenaria de este viernes por la necesidad de pagar los 8,3 millones de euros antes de que acabara el año.

Esto provocó las críticas del viceportavoz del Partido Popular, Ángel Sabroso, quien elevó hasta los 74 millones de euros la cuantía de las deudas pendientes que han sido saldadas con cargo a los remanentes de tesorería. En su opinión, se ha perdido la oportunidad que presenta la ruptura del techo de gasto para realizar inversiones y mejorar la ciudad. «Lamentamos que los remanentes no se utilicen para otras cosas», sentenció el edil.

Por su parte, la concejala de Ciudadanos, Lidia Cáceres, se mostró a favor de que se pague a las empresas pero lamentó que este tipo de expedientes de reconocimiento de facturas se haga con tanta premura.

En cambio, para el portavoz de Coalición Canaria, Francis Candil, el uso de los remanentes para saldar facturas antiguas solo debe entenderse como una muestra de «la nefasta gestión del grupo de gobierno». En una nota de prensa remitida con posterioridad a la celebración del pleno extraordinario y urgente, el concejal del grupo municipal nacionalista aseguró que «la tan cacareada salud financiera y económica de la que hace alarde este grupo de gobierno no es tal, y las deudas siguen saliendo a la luz un pleno tras otro, por mucho que el alcalde quiera esconderlo».

La sesión plenaria también sirvió para la aprobación del convenio que el Ayuntamiento acordó con el Cabildo de Gran Canaria y que va a suponer el ingreso de 715.737 euros para prestaciones sociales. En este caso, la oposición criticó la tardanza en la firma del convenio, en octubre, ya que la comunicación del acuerdo se materializó el pasado mes de mayo. La concejala de Servicios Sociales, informó de que en 2022 se dispondrá del dinero desde el inicio del año.