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El Ayuntamiento capitalino aprobará este viernes, gracias a un pleno extraordinario y urgente, el impulso de dos modificaciones de crédito con las que se pretende hacer uso de 8,3 millones de euros de los remanentes municipales. Esta cantidad se distribuye en 7,39 millones de euros que se adeudan a Emalsa por la gestión y tratamiento de lodos entre diciembre de 2017 y julio de 2021; y en otros 892.700 euros para abonar una indemnización a una empresa por la anulación judicial de la licencia que tenía concedida para la reforma del centro comercial situado entre las calles Avenida de Escaleritas y Joaquín Blume.
Se trata de facturas cuyo abono no puede demorarse hasta el ejercicio económico siguiente.
En el caso de las deudas contraídas con la compañía mixta de aguas, lo que se reconoce ahora son un total de 45 facturas, en lo que supone la cuarta disposición de fondos de remanentes de lo que llevamos de año.
En el segundo asunto, se trata de una indemnización que hay que pagar a la empresa Kattekymas en virtud de una resolución judicial. La mercantil solicitaba el abono de 1,41 millones de euros por responsabilidad patrimonial -incluyendo aquí casi 469.000 euros de lucro cesante-, pero la justicia rebajó sus pretensiones hasta los 892.669,73 euros. En este caso, el Ayuntamiento decidió no recurrir la sentencia para evitar una posible condena en costas y que se acrecentara el importe indemnizatorio, como explicaron en su momento los servicios jurídicos.
Este pago se genera en torno al proyecto de ampliación del centro comercial de Escaleritas para la implantación de un supermercado de Mercadona. El Ayuntamiento dio las preceptivas licencias de obra (2007) y de apertura (2008), pero un recurso de la comunidad de propietarios Islas Canarias terminó en la anulación de los permisos, lo que fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2016. Ese año el Consistorio concede licencia para adecuar el centro comercial a la sentencia al tiempo que ordena la paralización de la actividad. Finalmente, la empresa adecúa la situación a la legalidad y presenta, al mismo tiempo, una reclamación patrimonial al Ayuntamiento que es la que se paga ahora.
Con estos dos pagos, el remanente de tesorería para gastos generales a disposición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se queda en torno a los 222 millones de euros.
El Consistorio ha podido sacar este año numerosas facturas que se acumulaban en los cajones gracias a la eliminación del techo de gasto dentro del capítulo de medidas extraordinarias frente a la pandemia que aprobó el Gobierno de España.
El pleno de este viernes también dará cuenta del acuerdo que el Consistorio capitalino firmó con el Cabildo de Gran Canaria para la concesión de ayudas de emergencia social. En virtud de este acuerdo, el Cabildo aportará a la ciudad 715.737,3 euros ( de un total de 1,7 millones) para este tipo de prestaciones que trata de financiar necesidades perentorias como el alojamiento de emergencia, comida, vestido, higiene y aseo personal, medicamentos, gastos básicos de la vivienda (agua o luz) o alquileres.
De acuerdo a las cláusulas del convenio, este tipo de ayudas está dotado con un importe mínimo de 250 euros y con un tope máximo que se fija en mil euros.
Esta asistencia servirá para reforzar el paraguas social municipal, que ha asistido ya este año a un total de 4.200 familias mediante el uso de unos 3,5 millones de euros.
En verano se dotó la partida de estas ayudas con un millón de euros adicional para responder a la demanda procedente de los colectivos más vulnerables de la sociedad palmense. El año pasado, el número de beneficiados por las prestaciones de emergencia y de especial necesidad ascendió a 5.685.
Por otro lado, en la sesión plenaria de este viernes también se aprobará el reajuste de las anualidades del contrato de construcción de 148 viviendas sobre el parque de Las Rehoyas, dentro del plan de reposición del barrio. De este modo, este año se queda con 330.000 euros; para el 2022 se prevé 5,06 millones; y para 2023, los 6,5 millones restantes.
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