En el aire el juicio por el caso Gestión del Agua tras la indisposición de un abogado

La primera jornada del juicio por el caso Gestión del Agua que se celebró este martes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas se suspendió y luego reanudó tras la indisposición de uno de los letrados, en concreto José María Palomino.

Durante el trámite de cuestiones previas en este procedimiento que analiza la gestión de Emalsa, el abogado José María Palomino, empezó a sentirse mal y, de inmediato, el presidente del Tribunal Pedro Herrera suspendió la vista para que pudiera ser atendido en primera instancia por la médico forense Eva Bajo, que estaba en el juzgado de guardia, y luego por un equipo sanitario.

Finalmente, los servicios médicos trasladaron al letrado al hospital Doctor Negrín y la Sala ordenó que se reanudara la sesión. Palomino fue sustituido momentáneamente, al menos durante la jornada de este lunes, por su compañero Pablo Mariño.

Pedro Herrera anunció a las partes que iba a esperar a este miércoles para ver la evolución del letrado y tomar entonces una decisión. En caso de que estuviera en condiciones de asistir, se podría reanudar el juicio, pero el estado del abogado es delicado y el escenario de una suspensión es el mas probable en estos momentos.

En este procedimiento, la Fiscalía de Delitos Económicos acusa a los 15 imputados de haber ocasionado un quebranto de 23,4 millones de euros a la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, Emalsa, entre los años 2008 y 2012 supuestamente mediante la adjudicación de contratos de forma irregular a la empresa Sercanarias, una filial de Saur y Valoriza, y por el contrato de alquiler suscrito en verano de 2008 entre la empresa de aguas y Satocan.

Además de la Fiscalía, figuran como acusaciones el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el comité de empresa de Emalsa y la Asociación Cívica 'El sol sale para todos'.

Entre las cuestiones planteadas por dos de las defensas, se ha solicitado la admisión de un informe pericial, que ha sido apoyado por el resto de los letrados defensores, para rebatir las conclusiones a las que llega la fiscal delegada de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, en cuanto al quebranto económico del que acusa a los 15 investigados.

La abogada Noelia Afonso, según la agencia EFE y que representa a cuatro de los investigados que entonces pertenecían a Saur, Sercanarias y Emalsa, y el letrado Alberto Rodríguez-Mourullo, que defiende a un exdirectivo de Saur, han considerado que el Informe Kroll que presentan incide en cálculos y planteamientos técnicos sobre la cuantificación del perjuicio que atribuye a sus defendidos la fiscal y que contienen «errores aritméticos», además de «mezclar contratos».

Según Afonso, se trata de un informe que puede tener una «gran incidencia en la sentencia», y que entiende que debe ser admitido porque «contrarresta el relato fáctico de la fiscal y no genera indefensión alguna a las partes, por lo que ha solicitado al tribunal que, si no lo acepta como informe pericial, al menos sea considerado como documental para que se pueda preguntar sobre el mismo durante el juicio.

Este informe para las defensas demostraría que no se perjudicó a Emalsa, según ha señalado el abogado Francisco José Fernández de la Cigoña, que representa a otro de los investigados que fue exdirectivo de Emalsa y de la empresa Sercanarias.

Rodríguez-Mourullo ha incidido en que se trata de un informe «oportuno y aclaratorio», que, de no admitirse, se podría presentar una cuestión de nulidad, y, de prosperar, obligaría a repetirse el juicio.

La fiscal, el letrado del comité de empresa de Emalsa y la Asociación Cívica 'El sol sale para todos' se han opuesto a que se admita el informe por ser extemporáneo y «sorpresivo», pues, según Evangelina Ríos, se ha esperado a que se aproximara el inicio del juicio para presentarlo, y por ello ya ha sido rechazado por la sala tras presentarse el pasado 16 de septiembre, ha recordado.

Según Ríos, de admitirse como prueba pericial se vería obligada a pedir la suspensión del juicio para poder estudiarlo y es algo que ha adelantado que no está dispuesta a solicitar.

El letrado del comité de empresa de Emalsa ha abundado en que las defensas han tenido tiempo suficiente para proponer esa prueba, y ha apuntado que lo que se pretende es dilatar el proceso para lograr atenuantes y presentar «un doble escrito de defensa», por lo que lo calificó de «fraudulento», mientras que el abogado de la asociación cívica lo ha rechazado por «impertinente».

José María Palomino, antes de su indisposición, se adhirió a las cuestiones previas presentadas por el resto de sus compañeros, que consideró «acertadas y justificadas» y recalcó que, tal y como ya indicó en el escrito de defensa de sus clientes -un empleado y dos directivos de Satocan-, se han vulnerado sus derechos fundamentales.

Según Palomino, el Ministerio Fiscal y la Asociación Cívica proponen en sus escritos un relato «vago, genérico e impreciso», incluyen «juicios de valor» e incluso atribuyen responsabilidades del Consejo de Administración de Emalsa a uno de sus clientes, cuando no estuvo presente en la reuniones en las que se adoptaron los acuerdos que se le imputan.

Además, exigen una responsabilidad civil por el contrato de alquiler de las oficinas de Satocan por parte de Emalsa, cuando el Ayuntamiento no la reclama.

La vulnerabilidad de derechos fundamentales también ha sido alegada por el resto de letrados, entre otras cuestiones previas, al compartir que las acusaciones que se formulan se basan en hechos genéricos que producen indefensión.

El letrado José Ignacio Nestares, que representa al presidente ejecutivo de Saur, Oliver Brousse, que formó parte del Consejo de Administración de Emalsa desde 2009 hasta 2014, ha asegurado que la «inconcreción» de hecho en el caso de su cliente es «absoluta» y se le exige una responsabilidad civil por la totalidad, como si se tratara de una «cuadrilla de forajidos».

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