La Audiencia fija para octubre de 2024 el juicio del caso Emalsa
Hay una quincena de acusados y se rechaza que testifiquen Saavedra, Luzardo y Néstor Hernández
La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha puesto fecha ya al juicio del llamado caso Emalsa. La vista oral comenzará el 1 de octubre de 2024 y se han reservado para las sesiones estas otras fechas: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de ese mismo mes.
La Fiscalía de Las Palmas -en concreto la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos- solicitó condenas de hasta seis años de cárcel para una quincena de directivos de las empresas Saur, Valoriza y Satocan a los que acusó de haber ocasionado un quebranto de 23,4 millones de euros a la empresa mixta de aguas de Las Palmas de Gran Canaria.
Los acusados por la Fiscalía son José Luis Rubio, Pablo Abril-Martorell, Jesús Blanco, Olivier Brousse, Gerard Thierry, Guy Furnier, Rafael González Bravo de Laguna, Juan Miguel Sanjuán, José Manuel Calderoso, Laura Rivero, José Luis Pérez, Pierre Pans y Alfonso Díaz, además de José Higueras y José Julio Artiles como cooperadores necesarios.
La Fiscalía planteó en su momento dos penas alternativas. La primera, de seis años de cárcel y 18.000 euros de multa para doce de los acusados por un delito continuado de apropiación indebida. La segunda, de cuatro años de prisión y 46 millones de euros por un delito continuado de administración desleal. Para las dos personas procesadas en calidad de cooperadores necesarios, solicitó dos años y nueve meses de prisión. En concepto de responsabilidad civil, les reclama el pago (de manera solidaria entre todos) de los 23 millones de euros en los que cifra el daño patrimonial causado a la empresa.
En el escrito de cargos que presentó ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital grancanaria, la fiscal de Delitos Económicos Evangelina Ríos relató una serie de prácticas por parte de los socios privados de Emalsa en su anterior etapa (Saur y Valoriza, propietarios entonces cada uno del 33% del capital de la sociedad de aguas) que habrían servido para beneficiar a sus empresas en perjuicio del Consistorio (titular del 34%).
La acusación pública cuestionó 18 contratos de mantenimiento suscritos por Emalsa con la empresa Sercanarias, vinculada a sus socios privados, Saur y Valoriza, a precios que consideró por encima del mercado y lesivos para los intereses de Emalsa.
La Fiscalía no solo puso en tela de juicio la cuantía que Emalsa pagó por esos trabajos a Sercanarias, sino también el método utilizado para adjudicárselos a esa empresa, que consideró contrario a la normativa por la que se rige la contratación de la sociedad mixta de aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Según la tesis de la fiscal, Saur y Valoriza se habrían prevalido de su mayoría accionarial en Emalsa para desviar la facturación de esos servicios entre 2008 y 2012 a una empresa de su propiedad a unos precios beneficiosos para sus intereses, pero que resultaron perjudiciales para la sociedad municipal.
Esta acusación de la Fiscalía partió de las diligencias abiertas después de que el entonces alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, denunciara en los juzgados los contratos de Emalsa con Sercanarias e impulsara una intervención administrativa de la empresa.
La Fiscalía pidió seis años de cárcel para trece de las quince personas a las que acusa, por un delito de apropiación indebida continuada o, alternativamente, de administración desleal.
Para los dos restantes, interesa una condena de dos años y nueve meses de cárcel, como cooperadores necesarios de un contrato de arrendamiento de la sede de Emalsa, que también cree lesivo.
La Audiencia Provincial ha desestimado algunas de las pruebas planteadas por las defensas. Así, no accede a la declaración, en calidad de testigos, de los exalcaldes Jerónimo Saavedra y Pepa Luzardo y del exconcejal Néstor Hernández. Esa petición la había formulado la Asociación Cívica El Sol Sale para Todos, personada en la causa.
Tampoco accede a que testifiquen Mario Peñalver y Daniel Lion, prueba solicitada por Rafael González Bravo de Laguna.
