Imagen de archivo de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana. / C7

El supuesto dentista se juega cuatro años más de prisión

Ya fue condenado por intrusismo y ahora será juzgado dos veces más por ejercer sin titulación ocasionando además unas lesiones imprudentes

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

Leocadio Víctor M. A., el individuo que fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria por atribuirse la condición de odontólogo y ejercer en la isla como tal sin tener la titulación correspondiente, tiene aún dos causas pendientes por el mismo delito de intrusismo, al que hay que añadir en ambos procedimientos sendas acusaciones de lesiones por imprudencia. La Fiscalía Provincial de Las Palmas pide una condena por el primero de los casos, penas de 7.200 euros de multa y 122.916 euros de indemnización y secuelas, mientras que por el otro las condenas interesadas suman los cuatro años de prisión, 4.796 euros de multa y 43.010 euros en concepto de responsabilidad civil y secuelas.

En el procedimiento juzgado, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas -en apelación- condenó al supuesto dentista que además es propietario de varias clínicas dentales, con una pena de seis meses de prisión y 3.850 euros de indemnización.

La sentencia detalló que Leocadio Víctor M. A. «llegó a explorar la boca de la paciente, a tomarle mediciones e impresiones a fin de efectuar un trabajo protésico y a intentar extraerle un implante sin lograrlo, colocándole, finalmente, una funda y un puente» sin titulación para ello.

El acusado era propietario de varias clínicas dentales y trataba supuestamente a pacientes sin estar titulado para ello

El falso dentista ahora tendrá que volver a sentarse en el banquillo para enfrentarse a otra petición de condena de la Fiscalía y la acusación particular. En este caso, el denunciante acudió a la Clínica Láser Estético Dental de Vecindario para colocarse unos implantes y prótesis dentales, según el Ministerio Público. Allí fue atendido por Leocadio Víctor M. A. -de profesión protésico dental-, quien «aprobó la realización de dicha intervención, elaborando el pertinente presupuesto».

El 3 de julio de 2019, el paciente regresó y fue atendido por la odontóloga y también acusada Olga Estela C. R. quien, «creando un riesgo previsible y evitable», le colocó cuatro implantes dentales «sin planificación ni ejecución alguna, que ni eran óptimos para la rehabilitación al no estar diseñados para durar ni soportar fuerzas extremas ni estaban situados de manera correcta, pues su colocación fue angular y no perpendicular».

En septiembre, el afectado fue sometido a una nueva intervención por parte del también acusado Alberto Javier M. A. -hermano de Leocadio Víctor- quien en calidad de odontólogo «le colocó tres nuevos implantes y diferentes en las posiciones 32, 41 y 42, estos dos últimos de manera incorrecta, al estar angulados, habiéndose realizado la intervención sin planificación ni ejecución». En la cirugía intervino Leocadio Víctor que fue el que le colocó una prótesis, intervención que solo podía realizarla un odontólogo o médico estomatólogo.

Leocadio Víctor hizo revisiones al paciente sin estar cualificado antes del 21 de septiembre de 2009, cuando el denunciante regresó a la clínica donde fue atendido por el también encausado Jorge Martín A. -hermano de Leocadio y Alberto Javier-, de profesión ayudante de prótesis sin titulación alguna. «Al tratar de colocar la prótesis» al paciente, «extrajo la misma de la encía y dos implantes más, a sabiendas de que dicha intervención solo podía efectuarla un odontólogo o médico estomatólogo».

El fiscal Mario Hernanz entiende que, tanto Leocadio como Jorge «actuaron omitiendo todo deber de cuidado y creando un riesgo previsible y evitable».

Como consecuencia de los presuntos hechos, el denunciante sufrió la pérdida de cuatro implantes, requiriendo tratamiento rehabilitador con implantes dentales y una sobredentadura.

Para el fiscal, estos supuestos hechos son constitutivos de cuatro delitos de lesiones imprudentes cometidos por los cuatro acusados y, respecto de Leocadio Víctor y Jorge, le añade dos de intrusismo, por los que pide penas de 4.500 euros de multa cada uno por el primero de los delitos y 2.700 por el segundo, además de un total de 122.916 euros de indemnización y secuelas.

Más delitos

En el otro caso que tiene pendiente Leocadio Víctor M. A. y que aún está en el Juzgado de Instrucción número 1 de San Bartolomé de Tirajana, el fiscal interesa la condena para este individuo -por lesiones imprudentes e intrusismo-, además de otro acusado llamado Friedbert U. O. H. -solo por lesiones-, de cuatro años de cárcel para el primero y uno y tres meses para el segundo, además del pago solidario de 4.796 euros por los tratamientos y 43.010 euros de responsabilidad civil y secuelas.

La acusación pública entiende que Leocadio Víctor -también en la Clínica Láser Estético Dental- y Friedbert -de profesión odontólogo- en marzo de 2016 trataron a una mujer de 71 años para colocarle unos implantes en el maxilar inferior. El primer diagnóstico lo realizó Leocadio Víctor, quien presuntamente «se presentó» como «odontólogo y le aprobó la realización de dicho tratamiento rehabilitador».

Desde marzo de 2016 hasta julio, esta señora acudió en numerosas ocasiones a la clínica para ser revisada por el acusado y éste le realizó tres tratamientos consistentes en la realización, en el maxilar inferior, de un esquelético con ataches y tres coronas como anclaje, una férula de metal-porcelana de la pieza dental 47 a la 34, con el tallado de todas, la extracción del molar 47, el recubrimiento con metal porcelana de las piezas 33 a la 44 y un nuevo esquelético removible.

Todo s «fracasaron como consecuencia de tallados e impresiones en los dientes deficientes así como por la colocación de prótesis provisionales y definitivas incorrectamente ajustadas». Por ese motivo, supuestamente el encausado Friedbert U. O. H. auxilió «en la ejecución de los tratamientos» mediante la realización de moldes, retirada de prótesis y tallado de piezas dentales», a Leocadio Víctor «sin estar cualificado» ya que no era odontólogo. Los encausados cobraron a la denunciante 5.000 euros, de los que pagó 1.000 y financió otros 3.000 euros.

Como consecuencia, la mujer sufrió daños, requiriendo la extracción de nueve piezas, cuatro implantes en el maxilar inferior con una dentadura con broches y en el maxilar superior una prótesis completa removible.