Las dos torres vistas desde el parque del Canódromo. / C7

Recurso contra la anulación de la licencia del Canódromo

El alcalde asegura que el planeamiento en vigor permite la construcción de las dos torres y confía en una salida judicial al laberinto urbanístico

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

El alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, adelantó este lunes que aunque está a la espera de conocer la decisión de los servicios jurídicos municipales, está convencido de que el Ayuntamiento recurrirá la última sentencia que anuló la licencia de obras concedida a Realia para la construcción de dos torres de viviendas en el solar del Canódromo, en la confluencia de las calles Henry Dunant y Obispo Romo, en el barrio capitalino de Schamann.

El regidor defendió que la actuación urbanística está amparada por la legalidad vigente, que es la que marca la adaptación de las normas urbanísticas que fue aprobada en 2020.

La última sentencia sobre el caso Canódromo anula la resolución emitida por el servicio de Edificación y Actividades del Ayuntamiento, que fue el que concedió el permiso para continuar con la construcción de dos torres en las que se distribuyen 120 viviendas, 165 plazas de aparcamiento y 101 cuartos trasteros. El fallo dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria entiende que la licencia debía anularse porque las determinaciones urbanísticas de la parcela del Canódromo son nulas. Y eso porque el planeamiento en vigor reproduce el contenido de los planes general de 2000 y especial de 2003, que sí fueron anulados por el Tribunal Supremo en el año 2014.

El alcalde entiende que el hecho de que el juzgado no haya admitido la impugnación indirecta del Plan General de Ordenación de 2012 y de la modificación de las normas pormenorizadas del planeamiento de 2020 bendice la operación urbanística del Canódromo. «Espero que, en cualquier caso, (la situación) se resuelva en los tribunales porque entiendo que hay una normativa en vigor», expuso el primer edil socialista, «la propia resolución corta el paso (a los recurrentes) cuando intentan recurrir en forma indirecta». Por eso, entiende Augusto Hidalgo, «si no se les da la posibilidad de recurrir un planeamiento en vigor y este planeamiento establece la posibilidad de que esa obra se haga, no tiene mucho sentido que se anule una licencia porque esa licencia está dada en base al planeamiento en vigor. No es muy lógica la resolución pero veremos en los tribunales, en el recurso, cómo se solventa esto».

El primer edil de la capital grancanaria entiende que la ciudad podría enfrentarse a una posible reclamación de indemnización en caso de que el proyecto de Realia no prospere. «Si en un momento determinado se da la razón a los recurrente o si los servicios jurídicos estimaran que tienen razón y no recurriéramos, que no creo que sea el caso, los que obtuvieron la licencia intuyo que pedirán algún tipo de indemnización», señaló Hidalgo.

En su momento, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Javier Doreste, cifró en unos veinticinco millones de euros la cantidad que tendría que pagar la ciudad si se para la obra.