La privatización de Recogida por el covid crea una deuda de 4,5 millones de euros

La cesión a la empresa FCC del servicio de recogida de basura en veintitrés sectores de la ciudad, dictada en marzo de 2020 al amparo del estado de emergencia que se declaró con motivo de la pandemia, está aumentando el número de facturas en los cajones. Tras una comparecencia del director general de Hacienda, Antonio Ramón Balmaseda, en una comisión plenaria, a petición del PP, se ha conocido que la deuda impagada por este servicio asciende a 4,5 millones de euros.

Esta cantidad está registrada en las cuentas municipales como operaciones pendientes de aplicar al presupuesto debido a los impedimentos que ha puesto el servicio de Contratación, que vienen advirtiendo desde el año pasado que la adjudicación del servicio -que hasta marzo de 2020 se venía prestando con recursos públicos- no está ya justificada, al decaer el estado de alarma.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria justificó, durante la pandemia, la privatización de la recogida. En aquel momento se dijo que era algo excepcional y que estaba motivado por el elevado número de bajas que había en el servicio como consecuencia del envejecimiento de la plantilla y las patologías de riesgo que sufrían los trabajadores.

Sin embargo, tras el decaimiento del estado de alarma, el Consistorio mantuvo la concesión a FCC sin contrato que lo respalde, lo que hace que las facturas que la mercantil sean depositadas en los cajones de la cuenta 413, lo que conlleva una tramitación más complicada y larga para proceder a su pago efectivo.

La cantidad de los 4,5 millones de euros que están en esta situación se refiere a las facturas que FCC ha ido remitiendo al Ayuntamiento en el periodo comprendido entre agosto de 2020 y noviembre de 2021.

En octubre se intentó saldar la deuda de 1,89 millones de euros por los servicios efectuados entre diciembre de 2020 y julio de 2021, pero Contratación se opuso porque las facturas no tenían el amparo contractual requerido ni tampoco estaba vigente ya el estado de alarma. Sí se tramitó en julio, el pago de las primeras facturas.

Los 4,5 millones de euros forman parte de los 11,4 millones que en estos momentos conforman el montante de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto que se deben a FCC. La diferencia (6,9 millones) son facturas que tampoco han sido reconocidas en otras áreas como Limpieza Viaria, Parques y Jardines o Ciudad de Mar.

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