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El Pleno acaba de aprobar la modificación del Plan General de Ordenación en el ámbito del cementerio de San Lázaro, tras rechazar la petición de Ciudadanos de que se quedara sobre la mesa por la falta de control en las valoraciones económicas de las fincas afectadas.
El cambio del planeamiento solo fue respaldado por el grupo de gobierno. La actuación obliga al Consistorio a expropiar la finca que la empresa Pedruzcos Oil tenía para construir una gasolinera.
El Ayuntamiento le denegó la licencia, pero justo a su lado va a llevar la gasolinera que Disa tiene en la trasera del cementerio de Vegueta. Ese espacio se viene reclamando, desde 2015, como urgente para hacer una calle de conexión con la zona de los nuevos juzgados. La aprobación será seguida de un nuevo periodo de información pública, lo que abre las puertas a la presentación de un nuevo recurso por parte de Pedruzcos Oil, que defiende su derecho a levantar su gasolinera y que ha denunciado en el juzgado un supuesto caso de desviación de poder por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con esta operación. Se sumará a los tres recursos judiciales que están en marcha en estos momentos.
El cambio del plan servirá para dotar de servicios al camposanto, con estacionamientos, tanatorio, cafetería y otros equipamientos. También introduce ajustes de edificabilidad, el compromiso de recuperar la flora autóctona de las laderas de la circunvalación o la necesidad de mantener unas palmeras que hay en la zona. En este contexto, el Ayuntamiento cede a Disa una parcela deportiva de titularidad pública y se obliga a expropiar el solar de Pedruzcos Oil para ubicar ahí un aparcamiento. Para adquirir el uso del nuevo vial que se quiere hacer en el cementerio, el Ayuntamiento entregó a Disa el espacio que ocupa hoy su gasolinera en Obispo Romo y un aumento de los aprovechamientos de sus propiedades tras el cementerio de Vegueta –en el espacio que no se expropia- y frente al árbol del responso. A cambio, la mercantil pagará a la ciudad algo menos de 900.000 euros.
El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, recordó que el Ayuntamiento ha querido eliminar en las últimas décadas las gasolineras del centro de la ciudad. Además, indicó que las únicas alegaciones para el traslado de gasolineras han sido las de Pedruzcos Oil. Indicó que el estudio económico del vigente Plan General de Ordenación señala que el esfuerzo de adquisición de suelo en doce años es de 94 millones. «Tenemos músculo suficiente, por si llegara el caso, para comprar el suelo de Pedruzcos Oil», indicó, «esta empresa solicita la licencia a posteriori a la operación y es el planeamiento el que deniega la licencia».
El viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, preguntó por qué tiene que ir la gasolinera de Disa en San Lázaro sobre una parcela pública para dotación deportiva. «Esto era a cambio de un vial que era urgente en 2015 y que sigue sin abrirse», expuso, «pero, además, ¿por qué hay que expropiar al particular que está al lado?». En el Plan General de 2012 esa parcela seguía como suelo particular dentro del sistema general. «El caso Canódromo le costó cero euros al Ayuntamiento; la Biblioteca del Estado, lo mismo; y el caso de las gasolineras, que le va a perseguir en toda su trayectoria –le dijo al alcalde Augusto Hidalgo-, sí va a tener una sentencia judicial multimillonaria», arguyó. La adenda al convenio, «que debía ser un acuerdo nuevo porque cambia las parcelas objetos de la permuta y no está fiscalizada por los órganos económicos del Ayuntamiento», justifica, en su opinión, que se quedara sobre la mesa. Desde Ciudadanos, Lidia Cáceres criticó que «se haga un urbanismo a la carta». Que el asunto haya pasado cuatro veces por pleno es un indicador de que esto es «una chapuza».
Así, recordó que las tasaciones no fueron realizadas por el Ayuntamiento, que la adenda que cambia el acuerdo de 2015 no fue tramitada y que la Secretaría General del Pleno advirtió de que no podía tramitarse la modificación del Plan General de Ordenación sin tener aprobada la adenda. «¿Cuánto nos va a costar esto? Será mucho dinero, hay que pararlo aquí», advirtió. La edila detalló que el planeamiento permitía gasolineras. «No entiendo por qué no pueden convivir las dos estaciones de servicio», expuso, «dé el permiso a Disa y deje también la de Pedruzcos Oil». Propuso dejar el asunto sobre la mesa por falta de informes de los órganos de control.
El portavoz de CC, Francis Candil, entiende que «este Ayuntamiento, lejos de buscar una solución, genera conflicto, judicialización y pago por parte de los ciudadanos». Dijo no entender el «empecinamiento» de compensar a Disa con la parcela de San Lázaro.
«No existe más territorio en la ciudad para compensar a la empresa», expuso, «no llegamos a entender por qué a un particular que compra una parcela lo vamos a expropiar para justo, enfrente, compensar a una gran empresa poderosa para que construya su gasolinera». Lamentó que se opte por el conflicto en lugar del consenso porque entienden que «la democracia es pasar el rodillo». Advirtió de que «esto genera un precedente peligroso para los inversores de la ciudad». Y pidió que se buscara alternativas.
Candil le dijo que «hay un montón de parcelas en la ciudad» para construir la gasolinera de Disa «y dejar que el propietario particular haga la suya. No sé cuáles son los intereses que mueven esta decisión». «Esto lo pagaremos todos con nuestros impuestos», añadió, «esta decisión costará millones de euros a los ciudadanos». El concejal de Urbanismo les respondió que el emplazamiento «es el mejor sitio y está alejado de las zonas residenciales».
Pidió a la oposición «que no retuerza la verdad» y aseguró que en el plan anterior «no tenía derecho a tener gasolinera». «Pedruzcos Oil ha perdido todas y cada una de las demandas que ha puesto, solo queda una», indicó, «queremos comprar suelo para tener más espacio libre». En cuanto a la valoración, se aplica el precio medio del área homogénea en que se ubique. «Hemos comprado 100.000 metros cuadrados en la zona a 2,8 millones», expuso. Doreste recordó que la biblioteca tuvo que ser indultada para no ser demolida. Y dijo que la oposición «no defiende los intereses generales».
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