Cambio. Esta gasolinera irá a San Lázaro y, en su lugar, se abrirá una vía que era urgente obtener en 2015. /
Cambio. Esta gasolinera irá a San Lázaro y, en su lugar, se abrirá una vía que era urgente obtener en 2015. /
La ordenación del entorno de San Lázaro y la pugna abierta por la instalación de dos gasolineras en la zona tendrá un coste económico cuyo importe depende de la perspectiva que se utilice. Así, el Ayuntamiento reduce la operación a la expropiación del suelo de Pedruzcos Oil, mientras que esta compañía entiende que la ciudad acabará pagando unos 7,4 millones de euros.
El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, ya había ofrecido un cálculo del esfuerzo económico que supondrá la adquisición de la finca de los 6.600 metros cuadrados en la que Pedruzcos Oil quiere levantar una gasolinera y que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se obliga a expropiar porque quiere ubicar ahí un aparcamiento que dé servicio al cementerio y al resto de equipamientos nuevos (cafetería, tanatorio...) que se quieren construir en la zona. El edil había esbozado que la cifra no sería muy alta, sobre todo si se tomaba como referencia los 2,8 millones de euros que el Consistorio ha desembolsado por la adquisición de los 100.000 metros cuadrados.
Sin embargo, esta aproximación no tiene en cuenta que el suelo de Pedruzcos Oil pasará de rústico a urbano y, por tanto, su precio de expropiación se disparará. Sirva como referencia que la valoración que da por buena el Ayuntamiento de la finca de 2.472 metros cuadrados que se entrega a Disa para que levante su gasolinera y que está justo al lado de la de Pedruzcos Oil. En este caso, la parcela que se entrega fue valorada en 1,73 millones de euros.
Con estos mimbres, Pedruzcos Oil entiende que la expropiación de su solar podría alcanzar los 4,62 millones de euros.
Si a esto se suma el valor de los cambios que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria propuso a Disa para adquirir parte del suelo en el que está su gasolinera de la trasera del cementerio de Vegueta, Pedruzcos Oil considera que la operación le costará a la ciudad unos 7,34 millones de euros, sin contar el lucro cesante que se exigirá por impedirle abrir su gasolinera.
«Si la operación de pago en especie y cesión de terrenos municipales a Disa (estación de servicio de Obispo Romo y recalificación del uso e incremento de la edificabilidad de las parcelas de Eufemiano Jurado y Avenida Alcalde Díaz Saaavedra Navarro», que están valoradas en 4,41 millones de euros, «culmina con el añadido de la cesión de los terrenos sitos en la rotonda Doctor Luis Navarro Pérez» (1,73 millones de euros) «y, al propio tiempo, a esta cantidad le sumamos el valor de expropiación por el que habría que indemnizar a Pedruzcos Oil», que se fija en 4,62 millones de euros, la cantidad final de la operación queda fijada en los citados 7,34 millones.
Este cálculo es el que se hace desde Pedruzcos Oil en el escrito de conclusiones presentado al juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 por el que se solicitaba la declaración de nulidad del convenio expropiatorio de 2015.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento se defiende que el cambio de parcelas propuesto a Disa preserva el interés general porque las valoraciones están equilibradas, porque se ganará una vía nueva en la trasera del cementerio de Vegueta (es el origen de la operación y se consideraba, en 2015, una urgencia que todavía no se ha materializado) y porque se saca del centro de la ciudad las estaciones de servicio.
El planteamiento municipal es que la expropiación de 1.225 metros cuadrados para conectar la Ciudad de la Justicia con Alcalde Díaz Saavedra, en la trasera del cementerio de Vegueta, tendría un coste de 3,31 millones de euros. A cambio de quitarle parte del suelo a Disa, la ciudad le entregó un solar municipal de 499 metros cuadrados en Obispo Romo -que Pedruzcos Oil denuncia que se hizo de manera directa y sin una subasta previa-, valorado en unos 939.000 euros; le daba otro de 712 metros cuadrados en la calle Alicante para otra gasolinera, tasado en 1,68 millones de euros; y le restaba el valor de los nuevos aprovechamientos que la mercantil obtendría en los solares de Alcalde Díaz Saavedra y Eufemiano Jurado. A ello habría que añadir el pago, por parte de Disa, de 830.000 euros en concepto de diferencia entre el valor de lo cedido y lo recibido.
Sin embargo, el solar de la Vega de San José no se pudo edificar nunca porque el Ayuntamiento necesitaba ese espacio para la MetroGuagua. Así, le ofreció el solar de 2.472 metros cuadrados en San Lázaro, cuyo precio alcanzaba los 1,73 millones de euros, de ahí que Disa tuviera que aportar la cantidad extra de 53.305 euros.
Estos cambios son considerados por Pedruzcos Oil, en el escrito de alegaciones que conforma el procedimiento judicial abierto, como un «evidente caso de desviación poder por la falta de rigor e inconsistencia de las tasaciones realizadas y aceptadas por la municipalidad; los acuerdos de recalificación y aumento de edificabilidad de las parcelas propiedad de Disa; la transmisión de patrimonio municipal sin respetar el procedimiento establecido para ello; la mera cesión de uso de un trozo de viario, que tampoco ha cristalizado en nada y que ni siquiera está recogido en el planeamiento; y el uso de la expropiación cuando el planeamiento establecía el sistema d ejecución privada para la obtención voluntaria y gratuita de los terrenos afectados por la Unidad de Actuación».
Es más, Pedruzcos Oil asegura que «no se trata de obtener la cesión obligatoria y gratuita del espacio afectado por vial y espacio libre. Ya no se trata de erradicar una estación de servicio del centro colmatado de la ciudad. De lo que se trata, mediante la firma de convenio urbanístico, injustificado por inconveniente e improcedente, es de aumentar aprovechamientos, cambiar usos y ceder parcelas de propiedad municipal, a favor de una entidad privada, a cambio de 876.586,63 euros y la cesión de uso , que no la propiedad, de una vía que ni siquiera está prevista en el planeamiento».
La modificación del Plan General se aprueba este viernes en el pleno. Luego se abrirá un nuevo periodo de exposición pública en el que se podrán presentar alegaciones. En paralelo, se sustanciarán los tres procedimientos judiciales que giran en torno a esta operación urbanística en el entorno de San Lázaro.