Acumulación de basura junto a un contenedor y un coche abandonado en la capital grancanaria. / ARCADIO SUÁREZ/ ACFI PRESs

Un pleno decidirá la aplicación de un plan de choque de limpieza urgente en la capital grancanaria

Los grupos de la oposición suman votos para pedir forzar una sesión plenaria que declare el servicio como esencial

JAVIER DARRIBA REBECA DÍAZ Las Palmas de Gran Canaria

Los grupos municipales en la oposición capitalina (Partido Popular, Ciudadanos y Coalición Canaria) han unido sus votos para forzar al gobierno municipal a celebrar un pleno extraordinario y monográfico sobre la situación de la limpieza y la gestión en materia de residuos en la ciudad.

Los rebosos de contenedores, la falta de personal y los procesos de privatización de parte del servicio se pondrán sobre la mesa en una sesión plenaria que debe celebrarse, tal y como fija el reglamento municipal, en los quince días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que se formalizará este viernes.

La oposición coincide en que la ciudad está sucia, algo que atribuyen a la «mala gestión» que se está haciendo desde el grupo de gobierno, tanto desde el punto de vista del personal como de la asignación de medios externos.

  • Pepa Luzardo (PP): «La ciudad está asquerosa y se contratan servicios de limpieza a golpe de teléfono».

  • Lidia Cáceres (Cs): «La suciedad que hay en los barrios de la capital es un claro ejemplo de mala gestión».

  • Francis Candil (CC): «Estamos en una de las peores ciudades de España en el tratamiento de residuos».

Los concejales de la oposición plantean la necesidad de que se declare como esencial el servicio de Limpieza, con el fin de superar las restricciones que existen en cuanto a la contratación de personal y así reforzarlo.

Respecto a esta posibilidad ya se pronunció este miércoles el alcalde, Augusto Hidalgo, quien aseguró que «todos los servicios son esenciales y le damos la máxima importancia». El regidor explicó que la declaración de un servicio como esencial «no tiene efectos desde el punto de vista jurídico». Hasta ahora, desde el grupo de gobierno se ha negado que la ciudad esté más sucia que antes.

Sin embargo, la oposición discrepa de este criterio. Por eso, también pedirá un plan de choque urgente de limpieza en todo el término municipal. «Ante el preocupante estado de suciedad que presenta la ciudad en su conjunto, el retroceso enorme experimentado en el servicio de recogida de residuos y de trastos, la ausencia de baldeos frecuentes y la inexistencia de fregado de aceras», expone el escrito de justificación del pleno, «el Ayuntamiento realizará un plan de choque urgente (...) con el objetivo de volver a unos estándares de limpieza mínimamente aceptables». En este dispositivo especial que se quiere montar, los tres grupos políticos exigen la readmisión de los 187 trabajadores despedidos de manera improcedente hace casi dos años y cuyo futuro se dirime en el Tribunal Supremo.

Privatización

El otro gran asunto que se quiere abrir al debate es el de la externalización de nuevos sectores de la ciudad en cuanto a la recogida de basuras y la limpieza viaria. Hay que recordar que, al amparo de la declaración del estado de alarma por la pandemia del covid-19, el Ayuntamiento cedió la recogida de los contenedores de veintitrés barrios a la empresa FCC; y, tras el verano, propuso la privatización de las labores de barrido y vaciado de papeleras de dieciséis barrios.

Para la oposición, la externalización de la recogida de residuos no tiene ya razón de ser, por cuanto que el estado de alarma ha decaído, pese a que el servicio lo sigue prestando la empresa privada. «El Ayuntamiento finalizará, de forma inmediata, la prestación del servicio de recogida en zonas de gestión directa municipal (...) sin licitación ni concurso público (...) y sin los informes preceptivos», exponen.

En línea con esto, PP, Cs y CC plantean al grupo de gobierno que elabore «un informe de las contrataciones de servicios y suministros que se han realizado sin los procedimientos preceptivos, así como de la situación actual de cada uno de los contratos que mantiene Limpieza».

Por último, se pide la devolución de las tasas por derecho a examen de los aspirantes que no fueron llamados a las pruebas y la cuantificación de las deudas por salarios de tramitación que se mantienen con los 136 trabajadores despedidos en 2018 y, posteriormente, obligados a ser readmitidos por parte de una sentencia judicial.