Las Palmas de Gran Canaria ganó 86 pisos turísticos desde que pidió ser zona tensionada
El porcentaje de viviendas vacacionales se eleva hasta el 1,67% del total residencial, el cuarto mayor de las grandes urbes españolas
La iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado ha tenido una respuesta al alza por parte del mercado. En solo dos años, el número de viviendas vacacionales operativas en la capital grancanaria ha crecido en 461, según los datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística; y desde que se confeccionó la memoria en que se basa la petición municipal, que incluye datos hasta agosto de 2024, hasta ahora, el aumento es de 83 unidades nuevas.
Con estos datos, en estos momentos Las Palmas de Gran Canaria se posiciona como la cuarta de las diez ciudades más pobladas de España con mayor peso relativo del negocio de las viviendas vacacionales en el parque residencial. En la actualidad, ya un 1,67% de todos los pisos de la capital grancanaria tiene un uso turístico.
Se trata de un porcentaje que, en el marco de las diez ciudades más pobladas, solo superan tres: Málaga, donde los pisos turísticos alcanzan un 3,28%;Sevilla, donde llega al 2,18%;y Alicante, en la que el porcentaje es del 1,98%. Por contra, el resto de las capitales más pobladas están por debajo del nivel que marca Las Palmas de Gran Canaria:Valencia tiene un 1,18%;Madrid, un 0,99%;Palma de Mallorca, un 0,51%; Murcia, un 0,46%;y Zaragoza, un 0,26%.
La pujanza de este negocio es observable si se contempla la evolución con una perspectiva temporal mayor. Los datos del Instituto Nacional de Estadística subrayan que en cinco años, el número de viviendas vacacionales ha crecido un 30%. Y si se atiende al número de plazas, este porcentaje se ha incrementado en un 27,48% en ese mismo periodo.
En este contexto de crecimiento, y desde que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria redactó la memoria en que se basa la petición de zona tensionada, este porcentaje se ha incrementado en un 3,03%.
Este informe municipal destaca «el papel específico de la vivienda vacacional como elemento distorsionador sobre la dinámica en la relación entre la oferta y la demanda en la ciudad».
El impacto que tiene en los precios, según el argumento consistorial, en doble:por un lado, tira de los precios al alza por cuanto que el mercado turístico se mueve en un rango de precios superior;y, por otra parte, reduce la oferta de viviendas de alquiler, lo que añade un efecto inflacionista.
«El mecanismo básico se manifiesta en el traslado del destino funcional de estas unidades al uso terciario o, en su defecto, en la elevación artificial de los precios de venta o alquiler para situarse al nivel productivo de las expectativas generadas en el entorno urbano», detallan los redactores de la memoria de la zona tensionada, «el resultado más evidente es la reducción de la oferta asociada al mercado residencial tradicional; el cual tiene lugar con una elevada velocidad de transformación e impronta en las zonas afectadas».
El informe aclara que el ritmo de crecimiento de las viviendas vacacionales en Las Palmas de Gran Canaria es de unas 197 unidades al año. «Tal es la dimensión de este fenómeno que sólo los municipios turísticos de San Bartolomé de Tirajana, La Oliva, Arona o Adeje acogen una cifra mayor en Canarias», se explica.
Seguridad jurídica
Sin embargo, ese efecto distorsionador del mercado es negado por empresarios, dueños de viviendas vacacionales y economistas, que reclaman una actuación decidida de las administraciones públicas, tanto a la hora de ofrecer una mayor seguridad a los propietarios de viviendas con el fin de persuadirlos para que pongan en el mercado sus viviendas vacías, como asumir un papel más activo en la construcción de un mayor parque público de viviendas.
El Colegio de Economistas de Las Palmas, en el informe que desechó la zona tensionada para la capital grancanaria, recomendaba «propiciar el cambio de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda para adaptarla a la realidad, para dar entre otras cuestiones más seguridad jurídica a los propietarios», así como «ofrecer incentivos reales y potentes de naturaleza fiscal a los propietarios, así como ayudas a la rehabilitación».
