Las Palmas de Gran Canaria no cumple con los requisitos para ser zona tensionada
Así lo determina el Colegio de Economistas de Las Palmas en su último informe
El Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas ha concluido, tras un examen exhaustivo de los datos oficiales de vivienda y población, que el municipio de Las Palmas de Gran Canaria no cumple con los requisitos para ser declarado como zona tensionada.
Durante la presentación de su último informe sobre el mercado residencial de la ciudad y atendiendo a datos extraídos del Consejo General del Notariado y el Ministerio de Vivienda, el Colegio determina que la carga de la hipoteca o del alquiler no supera el 30% de la renta media de los hogares en la ciudad.
Al mismo tiempo, el precio de compra o alquiler ha experimentado una subida de 2,6 puntos respecto a la subida del IPC, sin alcanzar el 3%, por lo que no procede su declaración como zona de mercado residencial tensionado.
El estudio no solo hace un análisis general del municipio sino de cada distrito individualmente, concluyendo que ninguno de ellos cumple con los requisitos para ser zona tensionada.
El informe fue presentado por el decano Alcibiades Trancho Lemes; la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y cordinadora del informe, Rosa Rodríguez Díaz; y el gerente de Visocan, Javier Terán.
La capital tiene más viviendas de las necesarias
Al contrario de lo se podría pensar, Las Palmas de Gran Canaria ha visto reducida su población en 10.500 personas entre los años 2011 y 2023 y su crecimiento entre 1991 y 2024 es del 7,2% mientras que la provincia y Canarias en general lo hicieron en torno a un 50%, lo que refleja una pérdida de peso de la capital. Entre 2001 y 2021 el parque de viviendas aumentó en 23.515 unidades, por los 10.750 hogares que se crearon, generando un excedente de 12.765 inmuebles.
Durante la exposición del informe, Rosa Rodríguez explicó que el informe del ayuntamiento capitalino utilizó los datos del portal inmobiliario Idealista y no los de fuentes oficiales por lo que existen limitaciones significativas en cuanto a los datos de precios de compraventa y alquiler, que suelen marcar los precios de salida y no del valor por el que se cierran las operaciones.
Precisamente, portales como Idealista o Fotocasa avisan de que su propia metodología da una visión sobre la oferta disponible pero no el reflejan el precio final de la transacción ni el importe medio corriente de la renta de alquiler. Además, advierten que la composición del 'stock' de viviendas puede inducir a errores en los precios medios. Esta circunstancia plantea, según el Colegio «serias dudas» sobre la validez de estos datos para tomar decisiones de tanta relevancia.
Al contrario de lo que sucede en el resto del archipiélago, «no hay indicios que la capital grancanaria tenga una tensión estructural por falta de vivienda. La evolución del mercado residencial no responde a una escasez de viviendas, sino más bien a una dinámica de sobredimensionamiento de ellas», que sin embargo, no son ofertadas en el mercado por sus propietarios, subraya la coordinadora del informe.
Hacia casas más pequeñas
La estructura de los hogares de reciente creación refleja una tendencia clara hacia unidades más pequeñas. En 2021, el 52,8% de los hogares estaba compuesto por uno o dos miembros, una cifra que alcanzaba el 60,7% en el distrito Isleta- Puerto-Guanarteme, el más elevado de la ciudad, lo que sugiere la necesidad de disponer de viviendas de menores dimensiones.
Ante esta situación, el Colegio propone identificar las viviendas en manos de la administración por herencias o impagos, y analizar el volumen real de viviendas vacías y sus causas, incluida la inseguridad jurídica que frena a muchos propietarios a sacarlas al mercado de alquiler.
Asimismo, sugiere fomentar la rehabilitación y división de viviendas de gran tamaño, ofrecer incentivos fiscales efectivos y profundizar en el análisis del mercado de la vivienda (oferta-demanda-precios) a través del Observatorio de la Vivienda. También plantea la necesidad de revisar la Ley de Vivienda para adaptarla a la realidad del mercado y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios.
