El Ayuntamiento deslegitima el informe encargado por el Gobierno a los economistas sobre la zona tensionada
El ejecutivo de Carolina Darias afirma que no forma parte de los requisitos exigidos al proceso y asegura que no tiene validez jurídica
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se siente sorprendido por la presentación del informe del Colegio de Economistas, que cuestiona la raíz de su pretensión de la declaración de zona tensionada en la ciudad, y le resta legitimidad tras una primera evaluación. «A día de hoy, no hemos recibido ninguna notificación oficial por parte del Gobierno de Canarias que indique el inicio de dicho procedimiento ni hemos sido requeridos para participar en él, como establece la normativa vigente. Cualquier informe elaborado sin una comunicación formal no puede considerarse parte de un procedimiento iniciado legalmente, ya que las administraciones públicas deben regirse por los cauces y garantías establecidos en el ordenamiento jurídico», señalan en una declaración solicitada por este periódico.
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El gobierno de Carolina Darias resta valor a este informe porque entiende que no sigue los procesos jurídicos que se exigen en este asunto. «La Ley por el Derecho a la Vivienda estatal establece que las declaraciones de zonas tensionadas deben ser incoadas por la administración competente en materia de vivienda —en este caso, el Gobierno de Canarias— y que ha de ir necesariamente precedida de un procedimiento preparatorio. Ese procedimiento debe incluir la recopilación de información y estudios específicos, además de su correspondiente comunicación a las administraciones afectadas», indican.
Es por ello que insisten en que «en enero de este año, el pleno aprobó un informe técnico, elaborado por los servicios municipales con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, una institución con acreditado prestigio. Ese documento —cuya existencia y contenido se comunicó al Gobierno autonómico— sigue siendo la posición oficial del consistorio y remitido al Gobierno de Canarias sin haber recibido notificación de decisión alguna sobre él».
