Imagen de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana. / C7

Tiene que pagar las rentas debidas en el confinamiento por no acreditar insolvencia

El fallo dice que la parte que quiera modificar las condiciones del contrato, debe acreditar cómo le afectó la pandemia mediante una pericial

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de San Bartolomé de Tirajana condenó a los arrendatarios de un local de Playa del Inglés donde estaba ubicado un negocio a pagar 17.000 euros al propietario del mismo, por las rentas que no abonaron durante el periodo de confinamiento por la Covid-19 decretado por el Gobierno. El magistrado Carlos Lobón Lacueva determinó que no procedía rebajar la renta solicitada por los inquilinos, al no haberse presentado un informe pericial que acreditase los ingresos exactos durante la pandemia y antes de ella, por lo que pudo haber sido posible que se dispusiera de una mayor solvencia que diera lugar a que la eventual reducción de ingresos fuera temporal y no hubiera producido una imposibilidad real de cumplimiento contractual.

El fallo estima la demanda interpuesta por el letrado Sergio Choolani Farray -Miralaw Abogados & Asesores-, quien advirtió que, pese a que podría considerarse notorio que un local ubicado en el CC Anexo II de Playa del Inglés, pudo haberse visto afectado por el confinamiento, la posible modificación en la renta debió haber sido acreditada por un informe pericial.

El fallo narra como en septiembre de 2020, arrendador y arrendatarios firmaron un acuerdo de resolución anticipada de contrato, debido a que los inquilinos no podían seguir pagando la renta pactada, además de la deuda que ya acumulaban desde marzo de ese mismo año.

Tras la firma y la devolución de las llaves, el arrendador presentó una demanda de reclamación de cantidad por la deuda pendiente entre marzo y septiembre de 2020, es decir, por el confinamiento, pero los exinquilinos se opusieron y solicitaron una rebaja del 50% de la renta devengada, al amparo de la denominada cláusula 'rebus sic stantibus'. Esta cláusula es un figura doctrinal que permite la revisión de los contratos cuando, por circunstancias sobrevenidas, se ha roto el equilibrio económico del mismo y a una de las partes le resulta imposible o muy gravoso su cumplimiento.

El órgano judicial sureño desestimó la rebaja solicitada entendiendo que «lo razonable» era que «se hubiera aportado un informe pericial elaborado por un economista o contable que justificase con precisión las pérdidas y consecuencias» de la pandemia en la tienda. Según los hechos probados de la sentencia, los inquilinos reconocieron que los cobros se hacían en efectivo, de forma que los únicos ingresos que constaban eran los que ellos mismos revelaban. Por tal motivo, los apuntes contables de ingresos y gastos de una cuenta corriente aportados por los demandados no eran suficientes para justificar que, a consecuencia de la crisis del coronavirus, se había producido pérdidas.

El magistrado advierte que la parte que pretenda modificar las condiciones económicas del contrato, debe acreditar, cualitativa y cuantitativamente, cómo afectó la pandemia a su negocio, mediante la aportación de un dictamen pericial elaborado por un economista que llevara a cabo una comparativa entre los ingresos, no solo en el año de la pandemia, sino de años anteriores.

Finalmente, al no conocerse los ingresos exactos durante la pandemia, ni tampoco los anteriores, el magistrado dedujo que era posible que se dispusiese de una mayor solvencia que diera lugar a que la eventual reducción de ingresos fuera temporal y no hubiera producido una frustración de la finalidad del contrato.

Por ello, estimó la reclamación de cantidad efectuada por los propietarios del local y condenó a los ex inquilinos a abonar los 17.000 euros adeudados, más las costas.