La Justicia levanta la paralización de las obras del Confital

Por una parte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria defendió la legalidad e idoneidad de la ejecución de esta intervención en este espacio protegido para dotar de seguridad a sus usuarios.

Por medio del ingeniero redactor del proyecto -que compareció en la vista en calidad de testigo- aseguró que «todas las actuaciones van encaminadas a la seguridad» y determinó que «la paralización de las obras deja la zona en estado ruinoso, está todo suelto y no nos dio tiempo a dotar la zona de medidas de seguridad y ahora mismo es un grave peligro».

Insistió, a preguntas del letrado del colectivo Alternativa Maga Nacionalista (Amaga), Antonio González Yago, que las obras consistían solamente en «la colocación de muros» hacer «un perfilado de la ladera», negando que esa última actuación comprendiera el desmonte de la ladera anexa a la vía de tres metros de ancho: «Tanto ancho no se ha hecho. No es el objetivo tener dos carriles, vamos a hacer una única pista», aseveró.

Ante esta afirmación, el portavoz de Amaga, Felipe Ros, dijo que era «mentira» y que tiene pruebas que acredita que «en dos tramos bastante grandes hay un desmonte de entre dos y tres metros de ancho», a la vez que insistió en que «no hemos tenido periodo de alegaciones, presentamos la petición de que nos den el proyecto y no nos la han dado», declaró al término de la vista.

La autoridad judicial ahora ha determinado el levantamiento de esta mediad cautelarísima en un auto en el que detalla que las obras son legales y están autorizadas, que la información del proyecto se encuentra a disposición de cualquier ciudadano y, por último, que debe de prevalecer el derecho a la seguridad de aquellos que quieran acceder al Confital, ante cualquier otra circunstancia.

El auto detalla que la petición de la medida cautelar se fundamentó en que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria había iniciado unas obras «sobre la base de un proyecto nulo« ya que no se había »permitido hacer efectivos los derechos de información y participación, siendo obras de transformación de un suelo rústico, con dos niveles de protección vigentes (de protección costera y de protección medioambiental), y afirmando actuar en defensa de un interés general y en ejercicio de una acción publica«. De no pararse las obras, se producirían «modificaciones del espacio rústico con perjuicios irreversibles ante la imposibilidad de volver a la situación anterior de los terrenos« con este »desmonte y ampliación de la vía de acceso«.

Para el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, en la vista se puso de manifiesto con la documental aportada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que «las obras realizadas se encuentran autorizadas, y afectan a la zona de servidumbre de tránsito, protección y dominio público marítimo terrestre« de El Confital, tanto »en lo que afecta al tratamiento de taludes como a la ejecución de muros o renovación de los existentes sobre la pista, instalación de elementos de contención anclados y adaptados a la morfología del terreno, ensanchamiento de los márgenes de la vía mediante pequeños desmontes y perfilado de taludes«. Acerca estas acciones , determina el auto, «constan todas las autorizaciones pertinentes».

Añade la resolución que, a pesar de que Amaga afirmó que las obras fueron autorizadas «sin cumplirse por la Administración con la obligación de información pública», esta circunstancia fue negada por el testigo Neftali Rodríguez, representante vecinal de la zona. El mismo -que es afiliado al PSOE y va en la lista de Carolina Darias al ayuntamiento, manifestó en la comparecencia de este lunes que «desde noviembre del año pasado la información se encuentra en la Plataforma de Contratación del Estado», y que le fue «posible el acceso a la misma», habiendo accedido «esta asociación sin problema». Por este motivo, «en este momento procesal, al menos indiciariamente, no puede afirmarse la privación de los derechos que se afirma por Amaga», concluye la autoridad judicial.

Por otra parte, el colectivo Alternativa Maga Nacionalista (Amaga) insistió en que, de continuarse las obras, se ocasionarían «perjuicios de imposible o difícil reparación», afirmando la «destrucción de roca basáltica y desmonte de laderas». Sin embargo, el ingeniero Daniel Rodríguez Gil, que pertenece al Ayuntamiento de Las Palmas y fue el redactor del proyecto, declaró en sede judicial que «todas las laderas son de roca volcánica y, por tanto, su afectación es necesaria para la ejecución de las obras aprobadas para la protección de la caída de material que pueda causar perjuicios«.

Po ende, añade, «ha de atenderse al interés general y no al manifestado por la asociación«, determina el auto.

Se puso de manifiesto, puso, según la jueza, que el Ayuntamiento dejó claro que «la zona presentaba riesgos que se tratan de evitar con la realización de las obras» y los mismos se manifiestan «sobre todo cuando se producen lluvias torrenciales que conllevan desprendimientos y han producido daños a terceros». Además, estos derrumbes generan «los problemas de acceso que supone el estado anterior al inicio de las obras», existiendo «áreas deterioradas por la erosión y la acción del hombre, que conllevan tales desprendimientos de laderas».

En este escenario, para el juzgado «ha de prevalecer el derecho a la seguridad y accesibilidad invocado por la administración pública» y, por ello, ha ordenado el levantamiento de la «suspensión acordada con carácter cautelarísimo» para que se lleve a cabo la obra, «en mejores condiciones y mayor seguridad para los ciudadanos, mas allá de garantizar el cumplimiento al derecho de acceso o información ambiental y participación pública del partido político recurrente».

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