Teresa muestra el listado de recibos que adeuda y reconoce que otros se le acumulan por la falta de ingresos. / COBER

«Tengo miedo de que me echen»

Casablanca III. Teresa Rodríguez teme perder la casa que habita junto a su hijo discapacitado hace 22 años por impagos. Pide a Visocan que le fraccione las cuotas «para poder sobrevivir»

Rebeca Díaz
REBECA DÍAZ

Teresa Rodríguez asegura que vive en un estado de ansiedad permanente que le obliga a medicarse y señala que su situación es tan desesperada que no ve una salida. Esta vecina de Casablanca III confiesa temer que la echen de la que ha sido su casa desde 1999, en la Urbanización Residencial Mestisay, por la deuda de 4.310 euros que acumula con Visocan porque dice que su precaria situación económica le imposibilita afrontar el pago del alquiler y la comunidad.

Explica que en estos momentos son 17 los recibos a los que no ha podido responder, pero que sus problemas comenzaron a raíz de su separación matrimonial, «por malos tratos», en 2014.

Una situación que, apunta, la dejó sola a cargo de su hijo Juan Luis, un joven que hoy cuenta con 34 años y que tiene reconocido un 94% de discapacidad y «una deuda muy grande que me dejó mi marido».

Dice que sus ingresos se limitan a la paga de su hijo y solicita ayuda para afrontar el pago de los recibos acumulados

Señala que desde ese momento «todas mis cosas empezaron a ir para atrás», en alusión a unos problemas económicos que la llevaron a no poder hacer frente a las cuotas del alquiler, ya que no tenía más ingresos que «la paga no contributiva de 600 euros de mi hijo», con la que además «de los gastos del niño» tenía que hacer frente a los gastos «del agua, la luz y la funeraria».

Así las cosas, las cuotas comenzaron acumularse y afirma que eso supuso una nueva complicación a su ya difícil situación financiera.

«El Gobierno de Canarias me quitó la ayuda al alquiler por no tener en regla los pagos de la comunidad», indica. Añade que esa subvención le suponía una reducción de los 197,38 euros que tenía fijado de alquiler de esta residencia que tiene adjudicada por el Instituto Canario de la Vivienda, a poco más de 40 euros.

«Tengo miedo de que Visocan vuelva a denunciarme porque ya me llevó al juzgado». Se refiere al acto de conciliación al que fue requerida en su día por las rentas pendientes de pago y en el que «acordé con ellos que iría pagando los recibos poco a poco».

Asegura que desde entonces ha respondido al abono mensual de unas cuotas fijadas en 45,19 euros fijadas, pero que su falta de ingresos le ha impedido afrontar al mismo tiempo el pago de recibos que no han hecho más que ir incrementando el saldo deudor que tiene con la empresa pública dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno canario.

Esta mujer de 55 años, que dice que «solo lucho por mi hijo», expone que «no percibo nada del paro y se me acabó la PCI». Además, indica que ha pedido «la ayuda del ingreso mínimo vital, pero me han dicho que tengo que esperar seis meses porque tienen que valorar mi expediente».

Sin embargo, Teresa reconoce que no puede esperar tanto tiempo por una ayuda y añade que lejos de tenerse en cuenta sus circunstancias, ha visto cómo se le ha aumentado la cuota mensual del alquiler de su casa que a día de hoy asciende «a 265 euros», una cuantía que confiesa le resulta inasumible.

Esta vecina de la capital explica que su situación es tan precaria que necesita ayuda de la iglesia para la comida y no puede costearse ni un teléfono. «No tengo ni bombona para cocinar», dice señalando el envase vacío que ocupa un rincón del salón de su casa.

Sin respiro familiar

Pero la mayor angustia que afronta estos días Teresa es el hecho de que a su hijo, «que el 13 de julio cumple 35 años» y no puede valerse por si mismo, está a punto de ver concluido el periodo de régimen interno del que venia disfrutando en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Psíquica (CAMP) San José de Las Longueras, en el municipio de Telde, desde el pasado octubre, y vuelve a su casa.

«El día 31 de marzo viene a casas y el 5 de abril regresa pero solo al centro de día, porque se me acabó el respiro familiar», expone en alusión al cambio que va a experimentar al pasar de ser residente en este recurso sociosanitario dependiente del Cabildo de Gran Canaria a tener solo estancia diurna.

Dice que esta nueva situación le preocupa porque los impagos del alquiler que acumulan pueden hacer que pierda el que ha sido su hogar desde hace más de dos décadas y verse con su hijo en la calle. «Tengo miedo de que me echen, porque son casi 23 años aquí», insiste.

Ante este panorama, Teresa quiere hacer un llamamiento a Visocan en el sentido de que le fraccione la deuda que mantiene con la entidad y poder pagarla en cantidades acorde a sus ingresos. «Que me pongan una cuota para poder sobrevivir, porque con esos 600 euros no me da para nada», asegura.

Teresa añade que en las actuales circunstancias de crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus es complicado para ella salir a buscar trabajo, pues su hijo va a volver pronto a depender casi exclusivamente de ella.

«Tengo miedo de salir a buscar trabajo por si me contagio, por mi hijo», apunta.