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La modificación del Plan General de Ordenación que prepara el desembarco de Disa en el entorno del cementerio de San Lázaro, a costa del intento de la empresa Pedruzcos Oil de construir su propia gasolinera en el solar contiguo, ha sufrido un primer revés judicial. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 acaba de dictar una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a someter el convenio con Disa al dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.
El fallo de la magistrada María Olimpia del Rosario Palenzuela, contra la que cabe la interposición de un recurso de apelación, obliga también al Consistorio capitalino a responder a la empresa demandante, Pedruzcos Oil, en su solicitud de revisión del convenio urbanístico.
La magistrada considera que la recurrente «tiene legitimación» para formular su petición de «revisión de los actos que considera nulos como consecuencia de la acción pública reconocida en materia urbanística».
Y aunque no le concede la petición de que el convenio fuera declarado nulo, sí obliga a pasar el acuerdo con Disa por el filtro del supremo órgano consultivo de Canarias. «Procede la estimación del recurso, pero solo reconociendo el derecho del recurrente a que, por la administración, se dé respuesta a su solicitud, pues este juzgado no puede revisar la actuación administrativa cuando no ha existido un pronunciamiento previo por el órgano competente, sin que la respuesta dada en el trámite de contestación a la demanda sea suficiente para justificar el silencio de la administración, más cuando es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias en estos casos».
Pedruzcos Oil había solicitado, en septiembre de 2020, la revisión del convenio urbanístico con Disa, pero el Ayuntamiento no le contestó porque entendía que la ahora demandante no estaba legitimada para ello.
La sentencia supone, en la práctica, que hasta que no se reciba el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias no se podrá aplicar el convenio.
Este pronunciamiento judicial es solo uno de los cuatro que siguen abiertos en distintos procedimientos y que atacan desde la denegación de la licencia a Pedruzcos Oil hasta el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para tramitar la modificación del planeamiento en vigor, pasando por el propio convenio.
La pugna abierta por la instalación de la gasolinera en el entorno de San Lázaro tiene sus orígenes en un acuerdo que firmó el Ayuntamiento con Disa en 2015. En aquel momento, y ante una necesidad inmediata de conectar la zona de los juzgados con la avenida marítima a través de parte del espacio que hoy sigue ocupando la gasolinera en la trasera del cementerio de Vegueta, se optó por compensar a Disa con varios solares para que abriera otras gasolineras: uno en Obispo Romo, cuya estación de servicio está en uso y otro en la Vega de San José. También se le permitía un cambio de uso en la gasolinera que está frente al árbol del responso y el aprovechamiento urbanístico de la parte del solar de la trasera del cementerio de Vegueta que no iba a ser cedida.
Sin embargo, el rechazo vecinal en la Vega de San José y la implantación de la MetroGuagua obligan a buscar una nueva ubicación.
¿Y qué se hace? Se propone a Disa entregarle un solar que estaba destinado a uso deportivo en San Lázaro para su gasolinera.
Ese espacio está justo al lado del que compró Pedruzcos Oil en 2018 con la intención de poner allí su propia gasolinera. Sin embargo, el Ayuntamiento le denegó la licencia solicitada en 2019.
Es más, la modificación del Plan General de Ordenación que ha impulsado el Ayuntamiento no solo introduce la gasolinera de Disa junto al solar de Pedruzcos Oil, sino que obliga a la ciudad a expropiar a esta última mercantil para utilizar su finca como un aparcamiento.
La operación urbanística, que se enmarca dentro de un plan que pretende dotar el cementerio de San Lázaro de nuevos servicios (estacionamientos, tanatorio, cafetería y otros equipamientos), tendrá por tanto un coste económico para la ciudad. Desde Urbanismo siempre se ha defendido que no será una cifra muy alta, pero Pedruzcos Oil -que no quiere ser expropiada sino que defiende su derecho a explotar su gasolinera- calcula que, como mínimo, ascenderá a 7,3 millones.
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