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Imagen de la zona donde se proyectan las gasolineras. C7
El juzgado obliga al Ayuntamiento a revisar el convenio que activó la guerra de las gasolineras

Las Palmas de Gran Canaria

El juzgado obliga al Ayuntamiento a revisar el convenio que activó la guerra de las gasolineras

La Junta de Gobierno atiende una sentencia que recuerda que el acuerdo con Disa requiere del dictamen del Consejo Consultivo

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 29 de febrero 2024

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La Junta de Gobierno de la Ciudad incluyó en el orden del día de su reunión de este jueves la obligación de incoar el expediente de revisión de oficio del convenio urbanístico expropiatorio suscrito entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la empresa Disa en marzo del año 2015. Este acuerdo fue el que provocó la llamada guerra de las gasolineras por la ubicación de las estaciones de servicio en el entorno de Siete Palmas, en la recta que conduce al cementerio municipal de San Lázaro.

La intención del convenio expropiatorio que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria planteó a Disa no ea otra que la obtención «urgente» de una calle en la trasera del cementerio de Vegueta.

A cambio de una parte del suelo en el que sigue funcionando hoy la estación de servicio en la calle Alcalde Díaz Saavedra Navarro, en el borde norte del camposanto de Las Palmas, el Ayuntamiento capitalino se comprometía a compensar a la mercantil con dos solares: uno en Obispo Romo, que fue efectivamente entregado y en el que funciona una gasolinera; y otro en la Vega de San José.

La entrega de este último nunca se llegó a materializar. La oposición vecinal y el trazado de la MetroGuagua por el Cono Sur impidieron que se ejecutara el traslado de parcelas.

Así las cosas, se acordó que la compensación se hiciera con un suelo que está en Siete Palmas, en la rotonda que conecta con el acceso a la circunvalación, justo al lado del Hipercor, en virtud de una adenda al convenio inicial que se impulsó en 2017 y que fue aprobada por la Junta de Gobierno de la Ciudad en 2022.

Este suelo, que tenía calificación deportiva, está junto al de otra explotadora de estaciones de servicio, Pedruzcos Oil, que trata de obtener licencia para abrir su propia gasolinera en la zona, desde hace años, con el rechazo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Esta empresa adquirió el terreno en cuestión en el año 2018 y, desde 2019, lleva solicitando licencia para abrir el negocio allí.

La negativa del Consistorio, que pretende cambiar el planeamiento en la zona para ordenar el entorno del cementerio de San Lázaro dotándolo de nuevos servicios, como cafetería y crematorio, pasaba por la expropiación del solar de Pedruzcos Oil para convertirlo en un nuevo aparcamiento que dé servicio a los visitantes del camposanto.

Esto ha generado una batalla judicial en diferentes frentes que fue iniciada por Pedruzcos Oil para defender sus intereses y su derecho a levantar y explotar su gasolinera en la zona.

Uno de los litigios sobre este conflicto abierto conocido como la guerra de las gasolineras fructificó en una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3, de 23 de enero de 2023, que estimaba, de manera parcial, el recurso presentado por Pedruzcos Oil contra la desestimación municipal de su petición de que se revisara el convenio con Disa.

Aunque esta sentencia no accedía a declarar nulo el convenio, sí obligaba al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a revisar el acuerdo a la luz de los argumentos de Pedruzcos Oil, a la que tiene que contestar.

«Procede la estimación del recurso, pero solo reconociendo el derecho del recurrente a que, por la administración, se dé respuesta a su solicitud, pues este juzgado no puede revisar la actuación administrativa cuando no ha existido un pronunciamiento previo por el órgano competente, sin que la respuesta dada en el trámite de contestación a la demanda sea suficiente para justificar el silencio de la administración, más cuando es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias en estos casos», señalaba la magistrada-jueza.

Como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no movía ficha en este asunto, el 13 de noviembre de 2023 -casi diez meses después de la emisión de la sentencia- el juzgado requirió al Consistorio que justificara el cumplimiento de la sentencia o, en su caso, que explicara por qué no lo había hecho todavía.

Ante esta petición, la Junta de Gobierno tomó conocimiento de la sentencia de enero el 30 de noviembre, y el 22 de diciembre de 2023 ordenaba la tramitación de revisión de oficio del acuerdo para atender la solicitud de Pedruzcos Oil. Esta decisión fue la que adoptó este jueves el órgano de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

A reivisión el acuerdo de 2005

La decisión de la Junta de Gobierno de la Ciudad para revisar el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la empresa Disa coincide con otra sentencia, también del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3, relativo a otro convenio con la misma empresa. La magistrada también ha anulado la desestimación municipal de la petición hecha por Pedruzcos Oil para que se revisara el convenio acordado entre la ciudad y Disa en julio de 2005.

Esta sentencia, contra la que cabe la posibilidad de interponer recurso de apelación, reconoce la legitimación de Pedruzcos Oil para formular la revisión del acuerdo por la que se compensó a Disa con terrenos en otros puntos de la ciudad para que pusiera en funcionamiento varias gasolineras. Según Pedruzcos Oil, afectaría a dos gasolineras que están en Tamaraceite y Jinámar.

La sentencia, fechada el 15 de febrero, obliga al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a contestar la petición de revisión del acuerdo que le dirigió Pedruzcos Oil. No entra en la petición de nulidad del acuerdo.

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