El juez traslada al fiscal la petición de Aldi y el Ayuntamiento de personarse en el caso Valka
El informe de Fiscalía servirá para que el magistrado decida si ambos acceden a la investigación en calidad de perjudicados
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la cadena de supermercados Aldi y una persona a título particular esperan por un informe de la Fiscalía Provincial de Las Palmas que determine si los tres deben tener la consideración de perjudicados en la investigación del caso Valka. La determinación que adopte el delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, Javier Ródenas, será la base de la decisión que tome el magistrado.
El 10 de septiembre, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria remitió un escrito al Juzgado de Instrucción 2 en el que le solicitaba la admisión de su presencia en la causa en calidad de perjudicado.
En principio, el Consistorio capitalino había intentado que su personación fuera en calidad de interesado, pero el magistrado rechazó esta posibilidad «por no existir tal figura en la legislación procesal», como refleja el texto de la petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
La asesoría jurídica municipal defendió entonces el «interés legítimo y directo en tomar conocimiento del estado de las actuaciones y, en su caso, ejercitar las acciones pertinentes en defensa del interés público municipal».
La personación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria responde a las informaciones aparecidas sobre «la existencia de convenios urbanísticos presuntamente realizados en detrimento del patrimonio público municipal; la adjudicación de contratos de obras y encomiendas a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) para supuestamente beneficiar a terceros; la presunta existencia de conciertos fraudulentos incrementando económicamente el modificado de determinados proyectos; o la adjudicación de contratos a un empresario con la supuesta participación de un empleado municipal».
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El caso Valka trata de dilucidar si en el seno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria operó una supuesta trama fraudulenta con infiltraciones en las secciones de Urbanismo y de Parques y Jardines.
La lista de investigados, por ahora, la forman el excoordinador de Urbanismo, José Manuel Setién; la gerente de Geursa, Marina Más; el jefe de la oficina técnica de Movilidad y Obras de Geursa, Carlos Cabrera; el jefe del departamento jurídico de Geursa, Luis Pérez; el exjefe de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón; y el empresario Felipe Guerra. A ellos se unió recientemente Geursa, como persona jurídica, también en calidad de investigada.
En cuanto a la entidad Aldi Canarias Supermercados S.L. Sociedad Unipersonal, solicitó su personación en un escrito que fue presentado al Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria el pasado 26 de septiembre. Como no obtuvo respuesta, el 10 de octubre la cadena de supermercados demandó al juzgado que se impulsara la tramitación del escrito de personación y el acceso a las actuaciones de las diligencias previas que conforman la causa de Valka.
Aldi explota desde 2023 un supermercado en Tamaraceite Sur, en concreto en la parcela TC-1 (finca 8.061), que tiene una superficie de 4.283 metros cuadrados. Esta parcela, que tiene uso comercial exclusivo y en la que también opera una gasolinera de bajo coste de Plenoil, fue creada en el trámite de modificación del Plan General en Tamaraceite Sur tras perder su condición inicial de sistema general para dotaciones y equipamientos, y se cedió al empresario Felipe Guerra tras un acuerdo firmado en diciembre de 2021 entre el empresario y Geursa. En virtud de este pacto, Guerra entregaba varias parcelas y la ciudad le compensaba con superficie comercial en este ámbito urbano, según consta en la denuncia presentada por la asociación Rehoyas Avanza y que fue el origen de la investigación que dio origen a la operación Valka.
La asociación Rehoyas Avanza sostiene que la finca registral de la que partía toda la operación -la número 66.808- carecía de superficie real como consecuencia de una doble inmatriculación de los terrenos.
Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil entienden que Geursa no justificó la necesidad de adquirir por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria las parcelas del empresario Felipe Guerra.
