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El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Las Palmas de Gran Canaria requirió hasta en tres ocasiones a Servicios Sociales del Ayuntamiento un informe sobre la situación que se vivía dentro de la antigua comisaría de la calle Doctor Miguel Rosa.
En concreto, la autoridad judicial solicitó la información al Consistorio el 2 de noviembre de 2021, luego dicho requerimiento fue reiterado con fecha 25 de enero y 16 de febrero de 2022, data esta última en la que la autoridad judicial recibió la información.
El juzgado decretó el lanzamiento del inmueble debido a que, tal y como hace constar el informe del arquitecto municipal y se muestra en las fotografiás obrantes en el informe de la Policía Local, el mismo «no reúne los requisitos mínimos de habitabilidad, careciendo de las más elementales condiciones de higiene, seguridad y salubridad».
Además, sostiene la autoridad judicial, «existen indicios racionales de que la vivienda se está utilizando para la realización de actividades ilícitas, ya que no solo se refiere en el informe de los servicios sociales que el inmueble es «conocido como punto de venta de drogas, repetidos episodios de conflictividad entre los ocupantes con violencia verbal y física', sino que la Policía Local añade haber encontrado en su interior una motocicleta cuya sustracción había sido denunciada, además de ratificar los hechos ya referidos, esto es, 'detenciones por tráfico de drogas, aprehensión de sustancias estupefacientes, reyertas con arma blanca, consumo de alcohol en vía pública, alteraciones del orden y desobediencias», apunta el auto judicial. Por estos motivos, el magistrado denegó la suspensión del lanzamiento interesada.
Esta mañana se procedió al lanzamiento de la antigua comisaría de la calle Doctor Miguel Rosa, en Santa Catalina. Desde primera hora de la mañana se desplegó un amplio dispositivo policial en la zona hasta que, a las 9.30 horas, llegó la comitiva judicial.
Primero, agentes de la Policía Nacional procedieron a la inspección del inmueble utilizando un dron en una zona que estuvo acordonada por numerosos efectivos también de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.
Los ocupantes del edificio fueron saliendo a cuenta gotas del inmueble portando sus enseres y hasta colchones. La expectación fue enorme y se agolparon decenas de personas en las calles adyacentes Luis Morote y Ripoche.
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