Recreación de los bloques que se han proyectado en la calle Doctor Chiscano. / C7

El inicio del plan de Las Rehoyas se judicializa con un recurso contra el edificio de Doctor Chiscano

Varias comunidades de vecinos junto al Negrín denuncian que el inmueble ha sido proyectado sobre un suelo dotacional de uso deportivo

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

Varias comunidades de vecinos colindantes a la parcela de la calle Doctor Chiscano, en la que el Ayuntamiento ha proyectado un edificio de 152 viviendas y hasta siete alturas para la reposición de Las Rehoyas, han presentado un recurso contra esta iniciativa, en lo que supone el inicio de la judicialización de este área de renovación urbana. Los demandantes reclaman la nulidad de la autorización del proyecto redactado y autorizado por el Ayuntamiento, y la paralización de «las obras que se ejecuten o traten de ejecutarse» a su amparo.

En mayo de 2019 presentaron varios escritos en el Ayuntamiento y en el Gobierno canario para personarse como parte interesada en el expediente. Sin embargo, Urbanismo aprobó el proyecto sin darles audiencia ni permitirles acceder a la documentación, lo que les generó «indefensión», por lo que «el acto que se recurre es radicalmente nulo».

PARA CASAS PROTEGIDAS

  • 2558. Son las casas incluidas en el área de renovación urbana de Las Rehoyas.

  • 4851. Son las unidades que el planeamiento sitúa en suelo urbanizable. Casi todas están en las afueras de la ciudad.

  • 2114. Se incluyen aquí las viviendas protegidas en los sectores adscritos al patrimonio público de suelo (1.210), las unidades de actuación (789) o con uso dotacional (115).

Junto a estos aspectos formales, los vecinos también advierten de que el suelo propuesto para situar este inmueble fue recalificado en el Plan General de 2012 respecto a 2005, pasando de uso dotacional deportivo al de vivienda de protección «de forma absolutamente injustificada y arbitraria, sin ninguna motivación».

Esa parcela procedía del desarrollo del Plan Parcial Las Torres para garantizar la cesión de suelo dotacional ante el desarrollo residencial e industrial en este entorno urbano.

Techo poblacional

El recurso también se fundamenta en el hecho de que la construcción del nuevo edificio supera los límites fijados por el propio planeamiento al número de viviendas en régimen de protección. «La única referencia que se contiene en la Memoria de Ordenación Estructurante del Plan General de 2012 a la parcela Vp-06 en la que se pretenden construir las 152 viviendas (...) no sólo no justifica la eliminación del previo equipamiento dotacional deportivo, sino que limita a 55 el número de viviendas a construir en la parcela -en lugar de las 152 viviendas que autoriza el acuerdo impugnado-, fijando un techo máximo de habitantes en 166 personas», exponen las dos comunidades recurrentes. Y apuntan que «las viviendas que pretende promover la administración demanda en la calle Doctor Chiscano suponen más de 450 nuevos habitantes para la zona».

Con ello, los demandantes ponen de relieve el hecho de que la propuesta municipal triplica el techo de viviendas y habitantes en algún tipo de régimen de protección que fue fijado por el propio planeamiento municipal.

«La ejecutividad del acto impugnado supondría la consolidación irreversible de 152 nuevos pisos que sustituyen injustificadamente al equipamiento dotacional deportivo que debía cualificar la zona, tal y como venía previsto en el Plan General de 2005, además de triplicar el número de viviendas y el techo máximo de habitantes definido en la propia Memoria de Ordenación del vigente Plan General de 2012», señala el escrito, «lo que además de generar una evidente disminución de los ratios por habitante de espacios libres y equipamientos, implica un aumento del parque móvil y, con ello, la saturación adicional del tráfico de la zona, especialmente grave en la actualidad», lo que afectaría por igual tanto a los actuales como a los futuros residentes en la zona. Los recurrentes advierten además del impacto que podría tener para los usuarios y familiares que acuden al hospital y cuya movilidad se podría ver afectada por la nueva aportación poblacional.

«Si finalmente fuese necesaria su demolición», dicen en relación al edificio, «se perderían sin remedio catorce millones de euros de dinero público, que es el presupuesto de las obras».

También solicitaron una anotación del pleito en el Registro de la Propiedad para que los vecinos de Las Rehoyas no queden inermes en el litigio.