Geursa convoca a los vecinos de Las Torres, que exigen la paralización del plan urbanístico

Los vecinos de Las Torres interpretan como un intento de división de la protesta vecinal el llamamiento hecho, el pasado jueves, por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, para sentarse a hablar con cada una de las personas que presentó alegaciones contra el trámite de evaluación ambiental de la modificación del Plan General de Ordenación. Este documento, que realiza una evaluación ambiental del cambio de planeamiento, pone sobre la mesa una serie de alternativas, entre las que se encuentra la expropiación de 127 casas terreras, que afectaría a unas 900 personas. La propuesta de modificación del ámbito Nueva Ciudad Alta abre la puerta al crecimiento en altura con bloques de hasta vente pisos en varios puntos. Sin embargo, en el caso de Las Torres, lo que se proyectó fue la sustitución de esas viviendas por espacios libres y zonas verdes.

El jueves pasado, en declaraciones recogidas por Acfi Press, la alcaldesa anunciaba que los vecinos «van a estar muy tranquilos» y rechazó que se vayan a producir expropiaciones porque la ordenación del barrio ni siquiera ha comenzado.

Ya este lunes la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa) inició los contactos con los vecinos del barrio para citarlos y darles explicaciones.

La reacción de los residentes del barrio de Las Torres ha sido elaborar un documento que será entregado al gobierno local y en el que se pide al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que «desista de cualquier propuesta de ordenación urbanística que implique la demolición de cualquier edificación del barrio de Las Torres, y de forma especial las viviendas construidas por las propias familias».

La solicitud se completa con otras tres peticiones: que se anule el proceso urbanístico iniciado, «por considerarlo antidemocrático y sujeto a intereses ajenos a las personas que residimos aquí», de modo que se pueda iniciar un nuevo proceso participativo «desde su origen»; que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se comprometa a presentar al vecindario de Las Torres, constituido en asamblea, cualquier propuesta urbanística que afecte al barrio y que la opinión vecinal sea vinculante para el servicio de Urbanismo; y, por último, que «si las propuestas urbanísticas presentadas por ese Ayuntamiento no son aceptadas en este proceso de consulta por el colectivo vecinal de Las Torres, el Ayuntamiento se comprometa a dar curso a cualquier otra propuesta alternativa para la ordenación urbanística futura del barrio que sea elaborada y presentada por el colectivo vecinal».

Los vecinos pretenden que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria les firme este escrito, dirigido a la alcaldesa de la ciudad, para luego elevarlo a las asociaciones de vecinos.

Pese a que el documento de evaluación ambiental de la modificación del Plan General no predetermina la ordenación, los vecinos de Las Torres siguen intranquilos por el hecho de que un documento oficial haya incluido la posibilidad de que se pueda expropiar 127 viviendas. Por eso, insisten en pedir a la regidora que «no siga jugando con nuestros sentimientos y nuestra salud», según consta en un escrito que distribuido por el barrio.

«Cómo podemos creer en su palabra cuando usted y su concejal (de Desarrollo Urbano), Mauricio Roque, una y otra vez según sus conveniencias, se contradicen en distintas declaraciones en medios de comunicación y usted se niega a firmar un documento donde claramente se especifique y se comprometa por escrito que ninguna casa del barrio de Las Torres se tocará», detalla el documento respaldado por diferentes asociaciones, «mientras no tengamos este compromiso, las concentraciones y manifestaciones continuarán y las acciones legales que pudiéramos ejercer seguirán su curso». Desde la perspectiva vecinal, la posición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es la de «mentir y engañar al ciudadano».

En el ánimo de los vecinos pesa también el hecho de que todas las reclamaciones vecinales fueran inadmitidas bajo el argumento de que los informes ambientales no son actos administrativos finales y, por tanto, no pueden ser recurribles en la vía administrativa.

El Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas recogía este lunes la decisión municipal respecto a estos recursos así como una rectificación de dos errores materiales en su publicación.