La fiscal pide condenar a la falsa médica por el «calvario» que pasaron sus víctimas

La Fiscalía ha pedido este jueves que se condene a la acusada de hacerse pasar por médica y haber inectado en su casa silicona en los labios y en otras partes de la cara a 37 mujeres, de las cuales 17 sufren deformaciones visibles, al entender que los hechos ocurridos entre 2016 y 2019 han quedado probados y las víctimas han pasado por un «calvario».

En la tercera y última sesión del juicio en contra de esta mujer, la fiscal Cristina Coterón ha mantenido su petición de 30 años y 10 meses de prisión para la procesada -natural de Colombia y con nacionalidad española-, por delitos de intrusismo profesional y de lesiones, 17 de ellas graves, y que indemnice a cada una de las víctimas con 5.000 euros por el daño físico, moral y psicológico.

Estas mujeres, que pensaban que les habían infiltrado ácido hialurónico, han «pasado por un calvario», ha remarcado la representante del Ministerio Fiscal, que entiende que el hecho de que no solo actuara como si fuera médica jubilada, sino que lo propagara, agrava su conducta.

Todas sufrieron un menoscabo físico consistente en aparición de granulomas e hipersensibilidad en los labios, entre otras secuelas, pero en un futuro podrían presentar más granulomas, celulitis o migración del producto a otras zonas, ha recalcado Coterón.

Quien ha incidido en que para la extracción de la silicona es preciso tratamiento médico consistente en cirugía, a que la mayoría de víctimas no han podido someterse por falta de recursos económicos.

La médico forense María José Meilán se ha ratificado en su informe y ha referido que la silicona entraña riesgos múltiples, como infecciones, granulomas o hemorragias que pueden aparecer hasta 20 años después, al no absorberla el organismo, y que la única forma de extraerla es con cirugía pero no implica su total retirada.

Meilán ha sostenido que las lesiones que observó en las mujeres son incompatibles con el ácido hialurónico y concluye que lo que les inyectaron fue silicona, ya que así se determinó en las biopsias practicadas a tres de las que se operaron para extraer los granulomas.

El médico especialista en anatomía patológica que analizó esas muestras ha corroborado que los informe patológicos concluyeron que lo que se les extrajo era silicona líquida.

El abogado del Colegio de Médicos de Las Palmas, Guillermo Pérez, que barajó retirar el delito de estafa, finalmente ha considerado probado que se cometió y ha pedido que se la condene por ello, pues las mujeres estaban convencidas de que lo que les ponía era ácido hialurónico y pagaron por ello 150 euros por una primera infiltración y 50 por el retoque, aunque alguna ha dicho que le llegó a abonar más de 600 euros.

Pérez también entiende que la acusada ha cometido un delito contra la salud pública al haber reconocido ante el tribunal que el producto que infiltraba se lo traía un amigo de Colombia y no pasaba control sanitario alguno, además de apreciar los delitos de lesiones que reclama la fiscal.

El abogado Vicente Flores, que representa a una de las afectadas, ha pedido una condena de cuatro años y medio y una indemnización de 6.000 euros para su defendida y ha calificado de «salvajada» la forma en la que actuó la procesada con estas mujeres, que acudieron a ella para que les inyectara un producto y les puso «otro prohibido en España», lo que siempre constituirá un «peligro para sus vidas».

Flores ha señalado, al igual que el abogado del Colegio de Médicos, que la acusada cometió un delito de intrusismo profesional, de lesiones por imprudencia grave y de estafa.

La defensa, sin embargo, ha reclamado la absolución de su clienta al no haber prueba de cargo que enerve su presunción de inocencia, pese al juicio mediático del que ha sido objeto.

El abogado defensor ha destacado que el poner una inyección no es un acto médico, como sostienen las acusaciones, y que lo hacen las enfermeras «y cualquiera», y que en el caso de su clienta, inyectó ácido hialurónico, un producto «inocuo» que lo infiltran personas que no son médicas en muchas clínicas.

Ha señalado que tampoco se ha acreditado que se publicitara como médica y ha negado las lesiones que se le atribuyen, además de considerar inconsistentes los testimonios prestados por las 37 denunciantes, que han «ido de menos a más» desde que declararon en un primer momento ante la policía.

En su opinión, sus versiones están influidas por lo publicado en la prensa, y se ha mantenido en la nulidad del informe elaborado por la médico forense María José Meilán y en que, en todo caso, su clienta pudo cometer alguna irregularidad administrativa.

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