El fenómeno okupa crece un 56% y provoca algunas distorsiones en La Isleta y San Lorenzo

Con esta evolución, Gran Canaria se sitúa como el cuarto territorio de España en el que más ha crecido el fenómeno okupa en los seis primeros meses, solo por detrás de Ceuta (+200%), Huesca (+100%) y Girona (+68%).

También ocupa el mismo puesto en términos absolutos. Las 44 denuncias de más que se cursaron respecto al primer semestre de 2019 solo se ven superadas por las 208 de Barcelona; las 208 de Girona; y las 76 de Valencia.

Las estadísticas del Ministerio del Interior no recogen la situación por municipios pero se puede extrapolar, por su peso poblacional, que la capital grancanaria acumule buena parte de estos casos. De hecho, en barrios como en La Isleta o en San Lorenzo se están produciendo algunos casos que, en ocasiones, tensionan la convivencia.

En La Isleta, hay residentes que han recurrido a la ayuda de sus vecinos para expulsar a los ocupantes de las viviendas, lo que ha provocado algún desalojo no exento de problemas. «Ha habido bronca en algunas calles», explica una vecina que se mantiene en el anonimato, «no hay que generar alarma pero es verdad que está entrando una corriente de aire nuevo en el barrio».

En calles como Princesa Guayarmina o Luján Pérez se han registrado casos de ocupación de casas terreras, muchas de las cuales pertenecen a familias con pocos recursos. En estos casos, la escasa altura de las viviendas facilitan el acceso por las azoteas.

«Cuando nos dimos cuenta, avisamos a los dueños, que son una familia humilde y cuando llegaron les habían cambiado la cerradura», prosigue la ciudadana, «afortunadamente pudieron recuperar la casa en poco tiempo».

En el barrio portuario no sienta bien que la ocupación de las viviendas se haga a costa de los segmentos con menos recursos. De hecho, señalan el caso de un edificio de tres plantas como paradigma de este malestar. En ese inmueble, la planta inferior es de una mujer que ahora vive en Lanzarote y las dos superiores son de una entidad bancaria. «Pues ocuparon solo la de la señora y respetaron la del banco», indica un residente de la zona. «El movimiento okupa ha basado su discurso históricamente en la lucha contra la especulación pero esto no puede ser un sálvese quien pueda», añade la misma fuente.

«Esto está empeorando en los últimos tres meses», explica otro vecino, «no siempre se generan problemas pero hay veces en las que la gente se mosquea».

Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria entiende que se está produciendo una campaña de criminalización de la ocupación. «Se oculta la realidad del problema de la vivienda», expone José Cardona, «en Canarias hay 138.000 viviendas vacías y las denuncias por ocupación son una ínfima parte (0,2% de los inmuebles sin uso), cuando se producen 900 desahucios cada tres meses y cuando los precios de alquiler se instalan en niveles inasumibles para muchas familias», sobre todo con la crisis que trajo la Covid-19.

Aunque reconoce que se puede estar produciendo un aumento de la tensión alrededor del fenómeno de la ocupación, Cardona cree que es una voluntad de desviar el foco del verdadero problema de la vivienda.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria se entiende que los gobiernos del cambio no están ayudando a solventar las situaciones desesperadas en que se encuentran muchas familias que se quedan sin recursos.

En ocasiones la ocupación no genera problemas de convivencia pero sí causa destrozos materiales en el inmueble de acogida. «La casa de mi abuela la destrozaron», expone una vecina de San Lorenzo, respecto de un ocupante que pasó allí el confinamiento por la Covid-19.