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Calle de San Lorenzo en la que los vecinos han apuntado la presencia de okupas.. C7
El fenómeno okupa crece un 56% y provoca algunas distorsiones en La Isleta y San Lorenzo

El fenómeno okupa crece un 56% y provoca algunas distorsiones en La Isleta y San Lorenzo

Gran Canaria es el cuarto territorio en el que más crece la ocupación de viviendas en lo que va de año, con 44 casos más entre enero y junio

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 16 de agosto 2020, 01:00

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La ocupación de viviendas en Gran Canaria ha crecido un 56,4% entre enero y junio de este año, al amparo de la pandemia de la Covid-19, con relación al mismo periodo del año anterior. En términos absolutos, esto supone un aumento de 44 denuncias, de modo que se ha pasado de 78 a 122, de acuerdo a los datos facilitados por el Ministerio del Interior.

Con esta evolución, Gran Canaria se sitúa como el cuarto territorio de España en el que más ha crecido el fenómeno okupa en los seis primeros meses, solo por detrás de Ceuta (+200%), Huesca (+100%) y Girona (+68%).

También ocupa el mismo puesto en términos absolutos. Las 44 denuncias de más que se cursaron respecto al primer semestre de 2019 solo se ven superadas por las 208 de Barcelona; las 208 de Girona; y las 76 de Valencia.

La ocupación de viviendas afecta en toda Canarias a solo un 0,2% de los inmuebles vacíos, señala el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria

Las estadísticas del Ministerio del Interior no recogen la situación por municipios pero se puede extrapolar, por su peso poblacional, que la capital grancanaria acumule buena parte de estos casos. De hecho, en barrios como en La Isleta o en San Lorenzo se están produciendo algunos casos que, en ocasiones, tensionan la convivencia.

En La Isleta, hay residentes que han recurrido a la ayuda de sus vecinos para expulsar a los ocupantes de las viviendas, lo que ha provocado algún desalojo no exento de problemas. «Ha habido bronca en algunas calles», explica una vecina que se mantiene en el anonimato, «no hay que generar alarma pero es verdad que está entrando una corriente de aire nuevo en el barrio».

En calles como Princesa Guayarmina o Luján Pérez se han registrado casos de ocupación de casas terreras, muchas de las cuales pertenecen a familias con pocos recursos. En estos casos, la escasa altura de las viviendas facilitan el acceso por las azoteas.

«Cuando nos dimos cuenta, avisamos a los dueños, que son una familia humilde y cuando llegaron les habían cambiado la cerradura», prosigue la ciudadana, «afortunadamente pudieron recuperar la casa en poco tiempo».

En el barrio portuario no sienta bien que la ocupación de las viviendas se haga a costa de los segmentos con menos recursos. De hecho, señalan el caso de un edificio de tres plantas como paradigma de este malestar. En ese inmueble, la planta inferior es de una mujer que ahora vive en Lanzarote y las dos superiores son de una entidad bancaria. «Pues ocuparon solo la de la señora y respetaron la del banco», indica un residente de la zona. «El movimiento okupa ha basado su discurso históricamente en la lucha contra la especulación pero esto no puede ser un sálvese quien pueda», añade la misma fuente.

«Esto está empeorando en los últimos tres meses», explica otro vecino, «no siempre se generan problemas pero hay veces en las que la gente se mosquea».

Viviendas vacías

Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria entiende que se está produciendo una campaña de criminalización de la ocupación. «Se oculta la realidad del problema de la vivienda», expone José Cardona, «en Canarias hay 138.000 viviendas vacías y las denuncias por ocupación son una ínfima parte (0,2% de los inmuebles sin uso), cuando se producen 900 desahucios cada tres meses y cuando los precios de alquiler se instalan en niveles inasumibles para muchas familias», sobre todo con la crisis que trajo la Covid-19.

Aunque reconoce que se puede estar produciendo un aumento de la tensión alrededor del fenómeno de la ocupación, Cardona cree que es una voluntad de desviar el foco del verdadero problema de la vivienda.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria se entiende que los gobiernos del cambio no están ayudando a solventar las situaciones desesperadas en que se encuentran muchas familias que se quedan sin recursos.

En ocasiones la ocupación no genera problemas de convivencia pero sí causa destrozos materiales en el inmueble de acogida. «La casa de mi abuela la destrozaron», expone una vecina de San Lorenzo, respecto de un ocupante que pasó allí el confinamiento por la Covid-19.

Imagen de la capital grancanaria. C7

311 denuncias en los seis primeros meses del año

Canarias ha registrado durante los primeros seis meses del presente año un total de 311 denuncias por ocupación de viviendas, lo que supone un aumento algo inferior al 15% respecto al periodo comprendido entre enero y junio del año anterior.

Por provincias, según los datos del Ministerio del Interior, Las Palmas acumula 179 casos -casi un 27% más que en la primera mitad de 2019-, mientras que Santa Cruz de Tenerife se queda en 132 -un 1,5% más.

En cuanto a la realidad por islas, en Fuerteventura se ha registrado casi un 3% menos de denuncias (de 37 a 36), mientras que en Gran Canaria han crecido un 56% (de 78 a 122 casos) y en Lanzarote se ha constatado un descenso del 19% de los casos, al pasar de 26 a 21.

En la provincia occidental, no se ha tenido constancia de denuncia alguna ni en El Hierro, ni en La Palma ni en La Gomera. De este modo, los 132 casos se concentran en la isla de Tenerife, cuya contabilidad crece un 2%.

En comparación con el resto de la comunidades, Canarias se sitúa en el quinto lugar del 'ranking' en cuanto a denuncias por ocupación de viviendas. De esta manera, los 311 casos registrados en los seis primeros meses de 2020 se han visto superados por los 3.611 de Cataluña; los 1.183 de Andalucía; los 657 de la Comunidad de Madrid y los 566 de la Comunitat Valenciana.

En Aragón se formularon 94 denuncias; en Asturias, 20; en Baleares, 132; en Cantabria, 24; en Castilla La Mancha, 296; en Castilla y León, 84; en Ceuta, 12; en Melilla, 5; en Extremadura, 52; en Galicia, 79; en Murcia, 176; en Euskadi 108; en Navarra, 34; y en La Rioja, 6. El total nacional fue de 7.450 (+5%).

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