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El concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Mauricio Roque, confirmó este martes que los vecinos de Las Rehoyas que se van a mudar al edificio que se está construyendo sobre el parque tendrán que esperar casi un año más de lo previsto. Los imprevistos y la adaptación de la construcción a nuevos condicionantes técnicos y medioambientales son las razones que llevan a retrasar la entrega hasta 2025.
Los cambios introducidos en el proyecto constructivo de las 148 viviendas suponen también un incremento del precio de la operación. La actuación urbanística fue adjudicada por 10,8 millones de euros, pero ahora se encarece en 2,14 millones de euros adicionales, de modo que hay que gastar un 19,8% más de dinero público.
La construcción de este edificio, conocido como fase cero del plan de renovación de Las Rehoyas porque se sacó del ámbito urbanístico y se hizo a costa de recortar el parque, se inició a fines de enero de 2022 y debía estar concluida en febrero del año 2024, tras veintidós meses de obras.
Sin embargo, en noviembre de 2023 se decidió prorrogar el plazo de ejecución hasta julio de 2024 por el surgimiento de algunos imprevistos constructivos no imputables a la empresa.
Ahora, aprovechando esta ampliación de plazo, se ha decidido introducir cambios en los sistemas de ventilación y contraincendios, los equipamientos térmicos y los ascensores con el fin de que el inmueble responda a las últimas exigencias normativas.
«Estamos solventando problemas sobrevenidos», expuso Roque, «si con los imprevistos aprovechamos para hacer modificados y damos un mejor edificio a los beneficiarios, también lo vamos a hacer».
El edil responsable del área de Urbanismo ofreció esta información en el marco de una comparecencia solicitada por el PP. El concejal popular, Gustavo Sánchez, mostró sus dudas respecto a que finalmente la construcción pueda estar terminada en verano. En su opinión, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debería mejorar la planificación de las obras para que los proyectos no se prolonguen en exceso y para que, en este caso concreto, «los adjudicatarios no tengan que esperar hasta 2025 para poder disfrutar de sus casas».
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