El TSJC anula la suspensión que pesaba sobre la tarifa única del taxi

Los magistrados incluyen así al Ayuntamiento en el proceso ya que la suspensión cautelar que ahora se anula iba dirigida contra la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias, que es la que aprueba de modo definitivo las tarifas, pese a que estén impulsadas desde el Consistorio. Con esta resolución, la Sala cree que se subsana la «indefensión real» en que quedó el Consistorio como administración competente en el transporte urbano.

La tarifa única del taxi supone un aumento del precio, en torno a un 11%, para los ciudadanos de la parte baja a cambio de eliminar el sobrecoste que representa el servicio para los 31.000 residentes de la periferia municipal.

Sin embargo, en el auto de suspensión cautelar que ahora se anula, el TSJC hizo suyo el argumento de la Asociación pro Derechos de los Taxistas Autónomos de Canarias (Asprotac) y de los asalariados, que calcularon que el impacto económico de la nueva tarifa en el servicio del taxi suponía un aumento del 45%.

Ahora, tras escuchar las explicaciones del Ayuntamiento, los magistrados tendrán que volver a decidir si suspenden de modo cautelar la tarifa única o la mantienen en vigor.

El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, mostró ayer su satisfacción por este nuevo auto. «El juzgado nos dará audiencia, que no lo hizo la otra vez, y nosotros alegaremos que ésta es una tarifa consensuada con la mayoría del sector, incluso con algunas de las asociaciones que después lo denunciaron; que no hay un impacto económico para el usuario, como se alegaba, porque es mínimo, estamos hablando de 30 o 40 céntimos en la carrera media; y que en cambio supone para la gente de los barrios periféricos una diferencia de 9 o 10 euros, por ejemplo, para personas que viven en Jinámar, que antes pagaban 18 o 19 euros desde San Telmo y ahora 10 euros», aseguró el edil.

Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), Francisco Reyes, el auto «nos da la posibilidad de justificar la tarifa única y demostrar que la subida del 45% que alega la otra parte no está fundamentada». En su opinión, este cálculo «se ha hecho en base a 21 tiques, pero eso no es significativo porque para hacer un estudio económico riguroso se necesita analizar unos 2.000 recibos».

Por su parte, el portavoz de Asprotac, Gorky Bethencourt, responsabilizó de «este lío en el que se ha metido a los taxistas» al edil Ramírez y al presidente de la ATAT. «La solicitud de nulidad es algo que pide el Ayuntamiento y es de justicia porque quieren estar dentro del procedimiento», expuso, «aunque sea un poco desordenado volver ahora al momento inicial».

Bethencourt se mostró confiado en un nuevo posicionamiento judicial en favor de la suspensión cautelar porque el Ayuntamiento no puede aportar ningún documento nuevo a lo ya expresado en su recurso. «Debería volver a aprobarse las medidas cautelares», dijo Bethencourt, «en cualquier caso, seguiremos hasta el final».