El Plan General destierra el 90% de los pisos turísticos de la ciudad

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional considera que la regulación de la actividad que propone el Ayuntamiento es una «prohibición encubierta». Su aplicación eliminaría la práctica totalidad de las 1.300 casas turísticas de la ciudad

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA

La aplicación de las condiciones que el Plan General de Ordenación impondrá a la vivienda vacacional este viernes afectaría a la práctica totalidad de los pisos turísticos que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La incorporación de las condiciones establecidas en las ordenanzas municipales de edificación exigirán que estos establecimientos estén por debajo de la planta de viviendas, cuando convivan los dos usos en el mismo edificio, y tendrán portales, ascensores y escaleras diferentes. Así consta en la modificación de las normas pormenorizadas del Plan General de Ordenación que se someterán a votación mañana en el pleno.

Desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) se interpreta la propuesta municipal como «una prohibición encubierta» de la actividad, tal y como lo explica su vicepresidente, Javier Valentín, quien advierte del impacto que tendrá la aplicación de la norma en la economía capitalina. «La vivienda vacacional genera más de cuatrocientos millones de euros en la ciudad y representa más del 46% de las plazas alojativas de Las Palmas de Gran Canaria», aseguró.

Ascav asegura que el principal perjudicado por las exigencias municipales serán los pequeños propietarios, «a los que se excluye de los beneficios del turismo».

En su opinión, esta regulación empuja al sector de los pisos turísticos de la capital grancanaria a la concentración en manos de unos pocos «porque los únicos que podrán cumplir con los requisitos del Plan General de Ordenación serán los fondos de inversión y los grandes patrimonios que sean capaces de tener un edificio completo dedicado al alquiler vacacional».

En este sentido, estiman que más de un 90% de las viviendas vacacionales que están registradas en la ciudad no podría cumplir las condiciones que ahora asume el planeamiento.

Valentín alude a un estudio reciente en el que se concluía que en los últimos tres años se había triplicado el número de pensionistas que explota una vivienda vacacional como forma de complementar su pensión. Y añade que el impacto indirecto será mayor en la economía urbana por la contratación de servicios que genera la actividad. «El que tiene una vivienda vacacional suele contratar una empresa para la limpieza», puso como ejemplo.

Ascav asegura que las viviendas vacacionales no han generado problemas de convivencia reseñables en la ciudad y entiende como una oportunidad perdida el hecho de que el Ayuntamiento haya decidido volcar en el Plan General de Ordenación la regulación de la ordenanza de edificación porque supone «incidir en los mismos errores».

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Ángel Sabroso, expresó este miércoles, a través de un comunicado, la necesidad de que el gobierno emprenda «un trabajo riguroso, pausado y fundamentado» antes de «cargarse el alquiler vacacional con limitaciones alejadas de la realidad de esta actividad».

En su opinión, los pisos turísticos se han consolidado como «una actividad económica de gran importancia» y lamenta la incertidumbre que se genera desde el Ayuntamiento y desde el Gobierno de Canarias con su nuevo decreto regulatorio.

J. Darriba / Las Palmas de Gran Canaria

La aplicación de las condiciones que el Plan General de Ordenación impondrá a la vivienda vacacional este viernes afectaría a la práctica totalidad de los pisos turísticos que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La incorporación de las condiciones establecidas en las ordenanzas municipales de edificación exigirán que estos establecimientos estén por debajo de la planta de viviendas, cuando convivan los dos usos en el mismo edificio, y tendrán portales, ascensores y escaleras diferentes. Así consta en la modificación de las normas pormenorizadas del Plan General de Ordenación que se someterán a votación mañana viernes en el pleno.

Desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) se interpreta la propuesta municipal como «una prohibición encubierta» de la actividad, tal y como lo explica su vicepresidente, Javier Valentín, quien advierte del impacto que tendrá la aplicación de la norma en la economía capitalina. «La vivienda vacacional genera más de cuatrocientos millones de euros en la ciudad y representa más del 46% de las plazas alojativas de Las Palmas de Gran Canaria», aseguró.

Ascav asegura que el principal perjudicado por las exigencias municipales serán los pequeños propietarios, «a los que se excluye de los beneficios del turismo».

En su opinión, esta regulación empuja al sector de los pisos turísticos de la capital grancanaria a la concentración en manos de unos pocos «porque los únicos que podrán cumplir con los requisitos del Plan General de Ordenación serán los fondos de inversión y los grandes patrimonios que sean capaces de tener un edificio completo dedicado al alquiler vacacional».

En este sentido, estiman que más de un 90% de las viviendas vacacionales que están registradas en la ciudad no podría cumplir las condiciones que ahora asume el planeamiento.

Valentín alude a un estudio reciente en el que se concluía que en los últimos tres años se había triplicado el número de pensionistas que explota una vivienda vacacional como forma de complementar su pensión. Y añade que el impacto indirecto será mayor en la economía urbana por la contratación de servicios que genera la actividad. «El que tiene una vivienda vacacional suele contratar una empresa para la limpieza», puso como ejemplo.

Ascav asegura que las viviendas vacacionales no han generado problemas de convivencia reseñables en la ciudad y entiende como una oportunidad perdida el hecho de que el Ayuntamiento haya decidido volcar en el Plan General de Ordenación la regulación de la ordenanza de edificación porque supone «incidir en los mismos errores».

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Ángel Sabroso, expresó ayer, a través de un comunicado, la necesidad de que el gobierno emprenda «un trabajo riguroso, pausado y fundamentado» antes de «cargarse el alquiler vacacional con limitaciones alejadas de la realidad de esta actividad».

En su opinión, los pisos turísticos se han consolidado como «una actividad económica de gran importancia» y lamenta la incertidumbre que se genera desde el Ayuntamiento y desde el Gobierno de Canarias con su nuevo decreto regulatorio.