«El Ayuntamiento nos ha dado de lado, nos quedamos en la calle»

Las tres familias desalojadas del Barranquillo de Don Zoilo por un incendio hace un año denuncian que el Consistorio los expulsa del hotel en que están viviendo sin alternativa habitacional alguna. Piden al Consistorio más tiempo para poder reparar sus viviendas. El tripartito dice que se les ha ofrecido ayuda en la búsqueda de residencia pero que no ha obtenido respuesta vecinal.

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA

Necesitan tiempo y un techo. El primero es para poder conseguir los 18.000 euros que necesitan sus casas para ser reparadas después del incendio que les obligó a desalojarlas hace un año. El segundo es para no tener que volver a esas mismas viviendas que presentan riesgos de desprendimiento. Ahora no tienen ni lo primero ni lo segundo porque el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solo les da cuatro meses para que restauren las tres plantas de la casa familiar que comparten; y porque desde mañana el Consistorio ya no asume el coste de su alojamiento en el hotel Valencia, donde han permanecido alojados este último año.

«Si los servicios sociales los desalojan sin alternativa, se enfrentan a un dilema: meterse en un sus casas y exponerse a una cuantiosa multa (24.000 euros) o dormir en la calle», denunciaba ayer José Cardona, del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria.

Las tres familias engloban a nueve personas, algunas de las cuales presentan problemas de salud física y mental. Aseguran que «no tenemos nada, nos quedaríamos en la calle». Sus ingresos declarados no casan con sus necesidades. Manuel Talavera confiesa que mantiene a su familia, incluida una nieta menor de edad, con 800 euros; y María Encarnación tiene una pensión de 390 euros por la discapacidad que le reconocen las autoridades sanitarias. Por eso, cuando hace un mes los llamaron desde el Ayuntamiento para decirles que no se les iba a renovar la ayuda de alojamiento no se les cayó encima el techo, simplemente desapareció. «Nos impactó porque no tenemos dinero ni casa», expuso Manuel Talavera, «el Ayuntamiento nos ha abandonado».

Desde el grupo de gobierno, sin entrar en más detalles, se ofrece otra versión. «El Ayuntamiento no los desahucia», expone una portavoz autorizada, «la Concejalía de Servicios Sociales les ha estado apoyando desde el primer momentos después del incendio y durante trece meses, garantizándoles alojamiento y comida». Añade que «de forma paralela, se les ha estado dando herramientas para que puedan buscar alternativas habitacionales, pero no hemos encontrado respuesta por parte de las familias».

Curiosamente la falta de comunicación también es denunciada por estos vecinos. La advertencia de la interrupción del pago no se hizo a los vecinos, según su relato. «Llamaron al hotel», lamentan los afectados.

«Lo único que pedimos al Ayuntamiento es que pare el desalojo porque estamos con una mano delante y otra detrás», solicitó África Belén Suárez, otra de las desalojadas en el incendio.

Sin respuesta

El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria recordó ayer los problemas que tuvieron las familias desalojadas del Paseo de Chil tras el corrimiento de tierras que se produjo en abril del año pasado. Y relacionó este hecho con el de los afectados del incendio de Don Zoilo para concluir que «el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no tiene capacidad de respuesta ante una situación de emergencia sanitaria». Para José Cardona, la decisión del tripartito «es desproporcionada y no atiende a los derechos humanos».

Este colectivo pidió al Consistorio que «evite el desalojo y permita a estas familias quedarse en el hotel hasta que puedan reparar sus casas y volver a ellas».

«Necesitamos ir arreglando poco a poco porque no tenemos recursos suficientes», resumió Naida de la Guardia Suárez.

El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria denuncia que «la extrema demora del informe de Urbanismo sobre el estado de las viviendas afectadas por el incendio (seis meses) y de la contestación a las alegaciones presentadas (otros siete meses), ha impedido a los vecinos iniciar las obras para acondicionarlas y rehabilitarlas. Además, esto ha dejado las viviendas desprotegidas y susceptibles de ser saqueadas».