El ejercicio inmoral del poder disciplinario

La noticia aparecida en este mismo medio el pasado jueves, 27 de abril, bajo el título 'Archivada la denuncia del Ayuntamiento contra su coordinador de Hacienda' devuelve a la actualidad lo publicado el sábado 21 de enero, donde se destapaba el clima laboral «insostenible» creado en la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Se decía en aquella pieza periodística que, en un informe fechado el 9 de noviembre de 2022, la directora general de Administración Pública reprochaba a la directora general de la Asesoría Jurídica su «actitud de hostigamiento y malas formas» en el caso de la denuncia en Fiscalía contra el coordinador general de Economía y Hacienda, Antonio Ramón Balmaseda, quejándose de que «durante la tramitación del referido expediente, las llamadas y exigencias de la directora general de Asesoría Jurídica respecto del mismo fueron continuas, en lugar de mantenerse al margen».

Ahora, el archivo de la denuncia demuestra que el intento de implicar al Ministerio Público no tenía justificación, Según lo decretado, los hechos atribuidos carecían de la mínima trascendencia penal por no ser constitutivos de delito alguno, lo que, en mi opinión, evidencia la posible utilización de un procedimiento disciplinario que parece camuflar intereses personales, represalias o actitudes marcadas por el puro capricho y la arbitrariedad.

El profesor titular de Recursos Humanos en la Universidad de Alcalá y especialista en Psicología del Trabajo y de la organización, Iñaki Piñuel, en su obra 'Mi jefe es un psicópata' (Alienta Editorial. Barcelona. 2008) afirma que las administraciones públicas ofrecen características más idóneas para lo que denomina una «nueva raza» de directivos que campan a sus anchas «en entornos donde impera la anestesia moral: Ser funcionario les permite hacer prácticamente cualquier cosa en la organización con muy poco riesgo de que su conducta sea detectada y mucho menos sancionada». De ahí que no duden en ejercitar impunemente el poder sancionador contra el funcionario elegido mediante la acusación infundada para quitarlo de en medio o, simplemente, desacreditarlo.

A tal fin, se activa un mecanismo maquiavélico: se inicia una investigación preliminar en la que no aparece formalmente el jefe inductor para, acto seguido y sin previa participación ni conocimiento de la víctima, acordar el inicio del procedimiento disciplinario, aunque el hecho imputado carezca de entidad infractora. También, en ocasiones, como ocurre en el caso de la noticia que motiva este artículo, se dispone la remisión del expediente 'non nato' a Fiscalía, que asusta más.

Con este proceder, el escarnio se consuma antes de que el Instructor -en teoría, imparcial y ajeno al órgano sancionador- haya aceptado su nombramiento, por lo que no existe aún pliego de cargos, ni pruebas, ni posibilidad de formular alegaciones, ni propuesta de resolución ni, por supuesto, sanción alguna. Y es así como, de repente, un empleado válido y cualificado se ve envuelto en un cúmulo de acusaciones convenientemente urdidas, en las que suelen participar desleales compañeros erigidos en colaboradores o testigos para la ocasión. Cuando la víctima se da cuenta de lo que pasa, ya está a merced de una máquina acusatoria cuyo objetivo será hacer ver que las imputaciones son correctas.

Afortunadamente, el decreto del Fiscal ha puesto las cosas en su sitio, evitando -o mitigando de algún modo- el pretendido atentado a la dignidad de un probo funcionario, cuya lealtad, dedicación y esfuerzo en la defensa de los intereses municipales es y ha sido inquebrantable. Tal es asó que durante décadas ha contado con la confianza de todas las Corporaciones independientemente de su color político, incluida la actual, para desempeñar labores de la más alta responsabilidad.

En fin, por lo que parece, no le faltaba razón al insigne profesor y eminente jurista, don Alejandro Nieto, cuando decía en su obra 'Derecho Administrativo Sancionador' que «…para las Administraciones Públicas el Derecho sancionador ofrece una cobertura ideal para el abuso y la arbitrariedad, para las represalias políticas y personales y para la extorsión más descarnada».

Lo ocurrido, y lo que viene ocurriendo, debiera, de una vez por todas, despertar conciencias, porque una cosa es una cosa, y otra cosa son dos cosas.

Nobleza obliga.

• Temas
• Fiscales
• Huesca (Provincia)
• Columnas de opinión