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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recibió este viernes los dos informes de la Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias por los que esperaba para poder continuar la tramitación de la licitación de los macrocontratos de Limpieza y Recogida, que salen a licitación por 492,59 millones de euros. La recepción de este informe supone, en la práctica, que el Consistorio podrá retomar la gestión de estos dos importantes contratos con el objetivo de poder «sacarlos este año», como indicaron las fuentes municipales con las que contactó este periódico.
El informe valorativo de la estructura de costes de la Junta Consultiva de Contratación de Pública de Canarias es preceptivo, según el Real Decreto 55/2017, que desarrolla la Ley de Desindexación de la Economía Española, ya que supera los cinco millones de euros. Sin embargo, pese a que no tiene un carácter vinculante, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió no continuar con la tramitación del expediente hasta tener el dictamen por seguridad jurídica.
El grupo de gobierno temía que si se seguía con el desarrollo de los pliegos, mientras se esperaba por el documento de la Junta Consultiva, se hubiera dejado abierto un flanco para una posible impugnación posterior por parte de alguna empresa excluida del procedimiento de licitación o de las que resultaran no adjudicatarias.
La emisión de esta resolución llevaba atascada entre las dos instituciones desde hacía cuatro meses. En septiembre, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, había responsabilizado al Gobierno de Canarias del retraso en la tramitación, solicitada ese mismo mes. Esto fue respondido entonces por la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, al señalar que hasta el 11 de noviembre no se había recibido la información complementaria requerida por la Junta, relativa al detalle de la revisión de precios aplicables y el desglose de los componentes del coste, por un lado; y de las hojas de cálculo para determinar el estudio económico y el periodo de recuperación de la inversión.
Una vez obtenido el informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias, adoptado el pasado 29 de enero, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria considera que tiene todas las garantías para seguir adelante con el desarrollo de los pliegos y las bases de la licitación, pese a que el órgano consultivo –que tiene un carácter independiente aunque forme parte de la estructura de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias- ha requerido la revisión de una serie de cálculos de costes e índices, algunos de calado.
Esta revisión o justificación, en su caso, obliga a desplegar un trabajo extra a los técnicos y consultores municipales, pero el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entiende que mientras se realizan las correcciones oportunas, se puede seguir avanzando en la tramitación del expediente de contratación. De hecho, el Consistorio capitalino ya no necesita una revisión posterior. Simplemente deberá comunicar, a efectos informativos, de la estructura de costes incluida en el pliego tanto al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado como a la Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias.
El informe del órgano consultivo discrepa del periodo de recuperación de la inversión en el caso del contrato de Recogida de Residuos (37,8 millones de euros), pues considera que debería ser de siete años en lugar de los seis estimados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En cambio, valida los ocho millones para los 26,21 millones de euros de inversión que se fijan en el de Limpieza Viaria, que es de ocho años, coincidente con el periodo de vigencia de los nuevos contratos.
La revisión de los plazos de amortización no supondrá, en ningún caso, una variación de la duración del contrato, fijado en ocho años precisamente para garantizar el retorno de la inversión y en la vida útil de la maquinaria que se renovará con esa aportación económica.
De hecho, en el pleno del viernes, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, respondió a la asociación Las Palmas Siempre Limpia que la opción de superar los cinco años de contrato –una posibilidad contemplada por la ley- hasta los ocho se hace precisamente para amortizar las inversiones y apuntó que hay otras ciudades españolas que ya apuestan por adjudicaciones de sus servicios de Limpieza de entre doce y quince años.
Otro de los aspectos en los que tendrá que trabajar la propuesta municipal será la ponderación de costes ya que no se incluyó, en opinión de la Junta de Contratación, ni los gastos generales ni el beneficio industrial. Además, el cálculo que maneja el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se separa de las estructuras de costes de los operadores que fueron consultados por el Consistorio, de ahí que se estime necesario «ahondar, con mayor concreción y con el propósito de fortalecer la motivación de la misma, en las razones que justifican la ponderación propuesta por el Ayuntamiento», tal y como determina el informe firmado por la secretaria suplente de la Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias, Elsa Navarro.
También se solicita la revisión de los índices de revisión propuestos para los costes.
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Los dos contratos son claves en la estrategia política y en la gestión del actual grupo de gobierno, no solo por la inversión que suponen sino también porque ataca uno de los aspectos que más críticas recibe por parte de la ciudadanía, el de la limpieza, que es un problema heredado del mandato anterior.
Además, su adjudicación servirá para rebajar la tasa de basura que acaba de ser aprobada y que se pasará al cobro en 2026, en la medida en que la tasa se ha calculado para cubrir los costes anuales del servicio y si el concurso los rebaja, por la competencia entre las empresas, esto tendrá un traslado a la cuantía de la tasa de basura.
«Los 149,3 euros por familia es la cifra máxima, pero casi seguro que va a bajar», detallaron las fuentes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria consultadas por este periódico, quienes trabajan para que cuando se pase al cobro la tasa ya se vean las mejoras que aportan los nuevos contratos de Limpieza.
La inversión de 493 millones de euros se separa entre los 158,56 millones de euros que se destinan a la licitación del servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y los 334,03 euros que se reservan para el Servicio Integral de Limpieza, lo que hasta ahora venía siendo conocido como Limpieza Viaria.
La propuesta que ha planteado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido críticas por parte de los representantes de los trabajadores pues profundiza en la gestión indirecta. Sin embargo, el grupo de gobierno entiende que no fomenta la privatización ya que en estos momentos la recogida ya tiene una parte pública (107 sectores) y otra privada (24 sectores) a la que se cedieron 35 más desde la pandemia, 12 de ellas los fines de semana ante la falta de personal municipal.
En el nuevo contrato de Recogida se depositará en manos de la adjudicataria la recogida de la fracción resto de todo el municipio los fines de semana y festivos.
La inversión en Recogida servirá para duplicar el número de vehículos, pasando de 49 a 105 camiones, y hará crecer en un 18% el número de contenedores de basura, hasta alcanzar los 10.106 depósitos, lo que supone 1.544 más que ahora.
También se incorporarán 152 unidades mecanizadas para la limpieza viaria, de modo que se añadirán, entre otras, 17 baldeadoras a las 10 que hay ahora; 16 hidrolimpiadoras se sumarán a las dos existentes; y 13 barredoras reforzarán el parque móvil compuesto por 9 vehículos. A ello se añade que se renovarán las papeleras, ampliando su número hasta las 7.400. Además, en las zonas comerciales más concurridas, se introducirá la trifacción para la recogida selectiva.
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