Hacienda responde al Ayuntamiento que hasta noviembre no culminó el expediente de Limpieza

La Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias no pudo enviar antes el informe preceptivo sobre los dos macrocontratos de Limpieza porque el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no completó la información requerida hasta el pasado 11 de noviembre. Eso significa que la Junta, un órgano independiente insertado en la estructura de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, solo lleva un día de retraso en la emisión del informe y, por tanto, no se le puede atribuir al Gobierno de Canarias ninguna responsabilidad en el atasco que presenta la tramitación de los dos expedientes de Limpieza, en contra de lo denunciado este lunes por parte del concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, aclaró este martes que el informe que emite la Junta Consultiva de Contratación Pública es preceptivo pero no tiene carácter vinculante.

Aunque no quiso posicionarse sobre si este carácter no vinculante tiene efectos en la capacidad de tramitación del Ayuntamiento, sí dijo que «la Junta Consultiva de Contratación, como órgano independiente, no tiene la facultad para interrumpir la contratación» de ninguna administración. En su opinión, los servicios jurídicos municipales son los que debían haber sopesado si la falta de informe de la Junta Consultiva podía lastrar la tramitación del expediente o no.

La Junta Consultiva de Contratación Pública de Canarias es un órgano que funciona desde 1986 y que, en virtud de un Real Decreto de 2017, tiene atribuida la competencia de revisar las contrataciones para evitar un aumento injustificado de los costes de los contratos públicos.

Su presidente, Juan Domingo Cabrera, había solicitado al Ayuntamiento de Las Palmas dos detalles que no constaban en los expedientes remitidos por el Consistorio, tanto el de Recogida como el de Limpieza Viaria. En concreto, se trataba del detalle de la revisión de precios aplicables y el desglose de los componentes del coste, por un lado; y de las hojas de cálculo para determinar el estudio económico y el periodo de recuperación de la inversión.

Como la documentación requerida por la Junta no fue respondida por el Ayuntamiento hasta el 11 de noviembre, todavía se estaba en plazo y, por tanto, no se podía atribuir ningún retraso a la Comunidad. Ese plazo venció este martes y la consejera de Hacienda aseguró que aunque no sea vinculante, el informe será emitido.

Asián mostró su «sorpresa» por las declaraciones del concejal Spínola ya que «aunque el plazo venció este martes, el fondo del asunto es que la ciudad necesita más limpieza y que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lleva ya muchos años sin contratos y tiene que resolverlo».

Sin embargo, el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, volvió a ratificarse este miércoles en que la tramitación está bloqueada en la administración autonómica. «La pelota no está en el tejado del Ayuntamiento sino en el del Gobierno de Canarias», dijo antes de recordar que la inversión prevista entre los dos contratos ronda los 500 millones de euros. «Es una prioridad de este Ayuntamiento sacarlos a licitación, pero no podemos obviar la legalidad, que exige que es preceptiva la emisión de un informe de la Junta Consultiva de Contratación», declaró el edil, «en septiembre, el Ayuntamiento solicitó de la Junta Consultiva, la emisión del informe para sacar adelante estos dos contratos. Estamos a 11 de diciembre, no se han recibido los informes y el plazo está ampliamente rebasado. No es imputable al Ayuntamiento que no podamos sacar la licitación».

También dijo que no había denunciado antes la situación por «lealtad institucional», pero que se vio obligado a hacerlo tras las críticas del Partido Popular por el retraso en la tramitación de los dos contratos.

Precisamente la portavoz municipal del PP, Jimena Delgado-Taramona, mostró su «estupor» por estas declaraciones de Spínola. «Deslizan la idea de que el Gobierno de Canarias, en concreto la Consejería de Hacienda, gobernada por el Partido Popular, quiere ralentizar la tramitación del mismo. Es una bajeza y un bulo en toda regla que retrata a quien eso afirma, porque la realidad es que la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha optado por una fórmula que la ley penaliza por lo extraordinario del procedimiento», dijo en un comunicado.

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