El concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor, en una selección de personal para Sagulpa. / C7

El Consistorio recorta la oferta de empleo público de 2020 de 253 plazas a solo veintidós

El tripartito considera discutible la anulación impuesta por el Estado pero la asume para «no generar un conflicto innecesario»

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento ha decidido acatar el requerimiento que le hizo el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, para anular la oferta pública de empleo (OPE) de 2020 por no tener en cuenta la tasa de reposición de efectivos, tal y como exige la ley. La consecuencia de esta medida es el impulso de una nueva (OPE) capitidisminuida que solo cuenta con veintidós plazas, frente a las 253 que se incluyeron en la primera propuesta.

El Consistorio acata a regañadientes la anulación estatal, que considera «discutible». Y lo hace porque entiende que «no merece la pena generar un conflicto innecesario entre administraciones, posibilitando el ejercicio de acciones judiciales contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria». Desde el área municipal de Recursos Humanos se afirma que «resulta evidente que el acuerdo que adopta la Delegación de Gobierno en Canarias daña considerablemente las expectativas de esta Administración a la hora de renovar su mermada plantilla, pero más daño podría ocasionarse si esta Administración mantuviese el criterio inicial defendido, y luego resultasen desfavorables los correspondientes fallos judiciales que contra el mismo pudiera recaer».

LOS SINDICATOS

  • IC Considera que la anterior OPE era un mero «intercambio de trabajadores».

  • UGT «Se podría haber incurrido en fraude de ley» de no suspender la oferta de empleo.

  • CC OO El sindicato ha pedido que «se depuren responsabilidades» por este hecho.

  • CSIF Cree que la reposición, en la práctica, es lo mismo que hacer un ERE.

  • USPB «Pesó más el postureo y la noticia de que iban a convocar doscientas plazas».

Fuentes consultadas por este periódico explicaron que el Ayuntamiento capitalino decidió no aplicar la tasa de reposición porque otros municipios grancanarios con mucha menos población así lo habían hecho sin provocar ninguna reacción por parte de la Delegación del Gobierno en Canarias. Sin embargo, el volumen de la oferta capitalina sí despertó el interés del Estado, que se percató de que no cumplía los requerimientos legales. Por eso, ordenó su suspensión en la capital, pero también revisará la OPE de otros municipios.

Así las cosas, el gobierno municipal se sentó este martes con los sindicatos para negociar la nueva oferta de empleo, de la que desaparecen 65 administrativos, 37 auxiliares administrativos o los 41 agentes de movilidad.

El borrador del Ayuntamiento se hizo sobre plazas vacantes pero los sindicatos detectaron errores en algunas de ellas. Se espera que esta semana se cierre de manera definitiva la nueva OPE.

Cada año las oficinas municipales pierden entre sesenta y setenta personas -el año pasado fueron 54- por jubilaciones pero la tasa de reposición solo se puede aplicar sobre laborales fijos y funcionarios de carrera. Y no se usa para reponer las vacantes de los laborales indefinidos.

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento tiene cerca de un millar de personal en oficina (los que no son policías, bomberos ni de oficios), de los que solo 170 son funcionarios. El resto son laborales indefinidos cuyas vacantes no se pueden reponer.

Por eso, Leonardo Perera (CSIF) considera que el personal municipal está cada vez más disminuido y, por tanto, sobrecargado.

El resto de los sindicatos criticó que el Ayuntamiento hubiera impulsado su OPE sin tener en cuenta la tasa de reposición. Así, Penélope Rubio y Yeray Vega, de UGT, recordaron que los trabajadores ya se lo habían advertido al gobierno municipal.

Desde CC OO, Iván Jiménez criticó el «varapalo» dado por la Delegación del Gobierno y también explicó que se le dijo al tripartito que incumplía la norma.

Por su parte, el representante de la USPB, Víctor García, recordó que la oferta de empleo se probó «sin consenso».

Para la presidenta del comité de empresa, Jéssica López, de Intersindical Canaria, la suspensión es una buena noticia porque la OPE ofertaba plazas «ocupadas por funcionarios interinos».