Oposiciones para el Consorcio de Bomberos de Gran Canaria. / C7

El delegado del Gobierno requiere la anulación de la oferta de empleo de 2020

El Ayuntamiento asegura que se negociará con los sindicatos los cambios necesarios para cumplir los requerimientos del Estado

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canria

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha dado un mes al Ayuntamiento para que anule el acuerdo de la Junta de Gobierno, de 10 de diciembre de 20202, por el que se aprobó la oferta de empleo público «por ser contrario al ordenamiento jurídico». El Estado reprocha al Consistorio que en su oferta de plazas no se tuviera en cuenta la tasa de reposición de efectivos, esto es, el porcentaje de vacantes a cubrir.

La tasa de reposición se obtiene de aplicar un porcentaje -establecido por el Gobierno central en los Presupuestos Generales del Estado- sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio anterior, dejaron de prestar servicio, y el número de empleados fijos que se hubiera incorporado en los mismos, en el mismo ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresando desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo.

La decisión afecta a los concursos que están incluidos en la previsión de 2020, algunos de ellos en marcha, y que suponen un total de 272 plazas. Entre ellas se incluyen 41 de agentes de movilidad, nueve de la Policía Local, la del comisario principal de este cuerpo, seis de Bomberos, 65 administrativos, veintinueve puestos de personal laboral o dieciséis técnicos de la administración general, entre otros.

Desde el área de Administración Pública se aseguró ayer que «se aplicarán los cambios necesarios en la oferta pública de empleo en negociación con los sindicatos para responder a los requerimientos de la Delegación del Gobierno».

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entendía que al prorrogarse los presupuestos estatales, había algunos contenidos legislativos que no serían de aplicación por no haberse regulado mediante una norma reglamentaria específica. «El Estado ha acudido a la regulación mediante decretos leyes en los casos de prórrogas (...) lo que no ha ocurrido» en 2020.