La ciudad cede un solar y paga 818.000 euros para trasladar la gasolinera frente a La Ballena

La Junta de Gobierno de la Ciudad impulsó el pasado 30 de julio la materialización del acuerdo entre el Ayuntamiento y la compañía Cepsa para iniciar la expropiación, por mutuo acuerdo, de la estación de servicio que se encuentra en la avenida de Escaleritas 294, frente al centro comercial La Ballena. El Consistorio quiere obtener ese terreno para iniciar ahí la construcción de un gran centro deportivo, con canchas, gimnasio y piscina, y con capacidad para 12.000 usuarios.

Para ello, la gasolinera que está a la altura del instituto Alonso Quesada debe ser trasladada unos 160 metros hacia el norte, en concreto hasta la rotonda de Santa Juana de Castilla, en la que confluyen las calles Sargento Provisional y Doctor Marañón con la propia avenida de Escaleritas.

La operación tiene un coste de expropiación de la gasolinera de 3,36 millones de euros, que se dan en pago con la parcela de 2.681 metros cuadrados en los que se ubicará la nueva estación de servicio. A ello hay que añadir la obligación que asume la ciudad de abonar a Cepsa 818.279 euros en concepto de valor de construcción de las nuevas instalaciones de suministro de combustible.

El Ayuntamiento considera que la operación es positiva para las arcas públicas. Para ello, atiende a un informe de 2016, emitido a petición de Cepsa, en el que se fijaba el valor total del justiprecio expropiatorio en 9,64 millones de euros.

«El acuerdo conlleva la renuncia por el expropiado a cualquier indemnización por la actividad (que valora en 6,81 millones de euros) porque con el cambio propuesto se mantiene dicha actividad», detallan los técnicos municipales de Urbanismo respecto al traslado de la gasolinera dentro de la misma manzana, «en cuanto al cambio de parcelas, el acuerdo se muestra justo porque el valor del suelo que se da en pago es el mismo que el del suelo que se expropia, ya que se trata de la misma superficie, en las mismas condiciones físicas, inmediatamente cercanas y con la misma calificación».

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inició la tramitación del expediente en abril de 2017 pero el acuerdo entre las dos partes no se suscribe hasta dos años después.

Es en ese momento cuando se suceden las advertencias de la Intervención General , el órgano que controla la gestión económico-financiera y la evaluación de las políticas públicas municipales. Hasta en cuatro ocasiones la interventora devuelve el expediente requiriendo la subsanación de errores. El último de ellos, con fecha de 10 de marzo de 2020, concluye que la operación carece de «informe justificativo de la causa que motivó la suscripción del convenio de mutuo acuerdo expropiatorio que nos ocupa sin que se solicitara el preceptivo informe de fiscalización».

Ello provoca una respuesta airada del responsable técnico del área de Urbanismo. «Lo natural hubiera sido que la Intervención entendiera el alcance del acuerdo en los mismos términos que lo hicieron los negociadores y firmantes del mismo, aplicando el clásico aforismo de que las cosas no son lo que dicen ser sino lo que son», expone, «sin embargo, optó por interpretarlo en la forma que no pretendían las partes; y solo así se puede construir la tesis de la omisión de fiscalización».

Ante este debate, la Junta de Gobierno de la Ciudad toma conocimiento de la omisión de fiscalización previa del acuerdo con Cepsa y decide mantenerlo en sus condiciones actuales pese a las advertencias de Intervención.