La capital saca facturas del cajón y paga 38 millones de euros

Se trata de una operación que se financia con cargo a los fondos que el municipio tiene en sus remanentes -casi 316 millones de euros- y que se afronta gracias a la suspensión del techo de gasto aprobada por el Estado para agilizar la salida de la crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus mediante el uso de dinero público.

Con ello, la cuenta 413 -donde se acumulan todas las operaciones cuyo gasto no se incluye en los presupuestos- se reduce en la práctica a casi la mitad con que acabó el año 2020 y que ascendía a 72,41 millones de euros. Las facturas que aún debe reconocer el Ayuntamiento se quedan, de este modo, en torno a los 35 millones de euros.

El pleno discurrió con el telón de fondo constante de las protestas sucesivas que se celebraron en la plaza de Santa Ana: la de los empleados públicos criticando el abuso de la temporalidad; la de los 187 despedidos del servicio de Limpieza; y la de los excluidos del proceso selectivo de chóferes para Guaguas Municipales.

El pago de estas facturas se hizo con el apoyo unánime de todos los partidos. La concejala de Hacienda y Economía, Encarna Galván, sumó a los 37,7 millones de euros, los dos millones con que se incrementará el servicio de ayuda a domicilio y los 2,34 millones que se transfieren al Instituto Municipal de Empleo y Formación (IMEF). «Se inyecta una liquidez de más de 42 millones de euros en empresas, pymes y autónomos», defendió, «invertimos en economía, en empresas, en servicios públicos y en atención social».

La consideración de estos pagos como una inversión fue criticada por los grupos de la oposición, que pese a su apoyo, no dudaron en criticar la operación.

Así, la portavoz del grupo municipal del PP, Pepa Luzardo, señaló que el pago tardío de las facturas es un termómetro que indica la mala gestión del grupo de gobierno. «No se paga el mantenimiento de las fuentes, ni de los parques y jardines, ni de las vías, ni de los ascensores de Obispo Romo y Las Rehoyas», apuntó. «Parece mentira que en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, con dinero en las cuentas, las empresas tengan que estar mendigando para cobrar», dijo. Y añadió que «hoy hemos aprendido que pagar tarde y mal es una inversión».

La portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, tampoco aceptó que el discurso oficial hable de inversión cuando se trata de abonar facturas. «En mi pueblo hay una diferencia entre invertir y pagar», aseguró la concejala, «dejen de vender humo, esto es para poner al día el pago pendiente que tienen desde 2016».

Por su parte, el viceportavoz de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, David Suárez, criticó que se vaya a pagar ocho millones de euros en intereses de demora, como consecuencia de que no se paga en tiempo y forma. «Pagan más en intereses que por los servicios que prestan», expuso, «es porque este gobierno municipal no sabe gestionar el dinero público».

El pleno estuvo marcado por el uso de los remanentes para reforzar también servicios, como el área social. Aquí, aparte del millón de euros que se va a ingresar en la cuenta de la que se nutre la concesión de ayudas de emergencia social, también se dio el visto bueno a la modificación de créditos para reforzar el contrato del servicio de ayuda a domicilio con 2,07 millones más, lo máximo que permite el contrato en vigor en la actualidad.

Respecto a las prestaciones económicas de emergencia y de especial necesidad, la concejala de Servicios Sociales, Carmen Luz Vargas, indicó que con el refuerzo aprobado ayer y los 2,6 millones de euros que vendrán en forma de subvención desde el Gobierno de Canarias y desde el Cabildo de Gran Canaria, «llegaremos holgados a fin de año», continuó la edila, «pero si fuera necesario, plantearíamos otra modificación de crédito».

David Suárez criticó que no se hubiera previsto esta necesidad en un momento tan complicado como el actual, como lo demuestra que la partida de 4,6 millones de euros esté casi agotada del todo y solo tenga en estos momentos unos 300.000 euros. «Lamentamos que sean tan malos previsores», expuso el edil.

También resultó crispado el debate sobre las transferencias urgentes al IMEF, en especial por la delicada situación financiera que atraviesa en estos momentos. Como se señala en la memoria de la petición de ingreso de 2,34 millones de euros aprobada ayer, «es de vital importancia que el pago de estas operaciones por parte del Ayuntamiento se realice inmediatamente dado que el IMEF, actualmente, no tiene liquidez para hacer frente al pago de las nóminas del próximo mes de julio 2021, ni para afrontar el pago de los correspondientes seguros sociales, con las gravísimas consecuencias de que de ello se deriva. Hay que tener muy presenta que esto afectará a una considerable cantidad de trabajadores (más de 500) y, consecuentemente, a más de 500 familias que no podrán percibir su sueldo por el trabajo realizado en dicho mes, además de las repercusiones ante la Seguridad Social por los incumplimientos de obligaciones». De hecho, el expediente del IMEF se tramitó al margen del conjunto de los 37,7 millones de euros para que la transferencia pudiera materializarse con mayor agilidad que el resto de las modificaciones de crédito.

El concejal del Partido Popular Ignacio Guerra lamentó la situación a la que se ha llevado al Instituto. «El edil Pedro Quevedo (Empleo y Desarrollo Local) no ha sido capaz, siquiera, de pedirse fondos a él mismo», expuso, «pone en riesgo el pago de las nóminas de 500 trabajadores en un ayuntamiento que está saneado y el alcalde, Augusto Hidalgo, mira para otro lado y no toma las medidas que debería».

Pero Quevedo acusó al PP de mantener una actitud demagógica respecto al IMEF. Y explicó que el instituto suele tener un exceso de liquidez a finales de año, ya que es cuando recibe las subvenciones, y un déficit a principios. «Cuando hay liquidez no se solicita y ahora se pide para pagar el mes que viene», detalló, «es un procedimiento reglado».

La cuarta modificación de crédito que se aprobó este viernes fue la única que no se alimenta del remanente de tesorería. Se trata de la utilización de 200.000 euros para la adquisición de coches para la Policía Local. En este caso, el dinero se detrae de una parte de la partida prevista para vestuario de los agentes que no se va a utilizar. El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, explicó que en estos momentos está en tramitación el concurso de vestuario de los policías y agentes de movilidad y que estará resuelto en septiembre.