El Ayuntamiento retoma la batalla por limitar el horario de las terrazas de Joaquín Costa
El Consistorio otorgará trámite de audiencia a los bares y restaurantes para que puedan presentar alegaciones, tal y como había ordenado el TSJC
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado un nuevo procedimiento con vistas a limitar el horario de funcionamiento de las terrazas del entorno de las calles Joaquín Costa, Isla de Cuba y Fernando Guanarteme para evitar los ruidos que han denunciado residentes de estas calles de la zona Puerto.
El Consistorio capitalino retoma así la iniciativa que fue tumbada por dos sentencias, una en primera instancia, en septiembre de 2024, y otra del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en abril de 2025, como consecuencia de no seguir el procedimiento establecido para limitar una actividad, la hostelera, permitida por el propio Consistorio a través de una licencia.
EN DETALLE
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68nson los decibelios medidos por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en Joaquín Costa durante las noches, lo que supone 13 decibelios por encima de los niveles de calidad sonora que se consideran de referencia en el exterior de los locales.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha movido siempre en este punto de la zona Puerto impelido por los tribunales. Fueron los vecinos los primeros que consiguieron una sentencia en defensa de sus derechos. Las quejas por los ruidos soportados por el vecindario desde 2019 como consecuencia de la actividad de las terrazas fructificó en varios procedimientos judiciales que condenaron la inacción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ante los problemas vecinales, como consta en dos sentencias de 2021 y 2022.
La reacción municipal, aparte de pagar una indemnización a los residentes denunciantes afectados por los ruidos, fue la de crear un mapa de ruidos de la zona y decidir, en función de las mediciones y tras constatar que se incumplían los límites de calidad acústica, limitar el horario de las terrazas. Así, se dictó una resolución, a fines de 2022, por la que se reducía el horario de las terrazas.
Los establecimientos afectados por esta restricción horaria eran los que estaban ubicados en las calles Joaquín Costa (entre Lucas Navarro y Fernando Guanarteme), Fernando Guanarteme (en la zona de la plaza de Los Betancores) y en Los Martínez de Escobar. Los bares y restaurantes afectados por este nuevo horario solo podrían estar en funcionamiento entre las 08.00 horas y las 22.00 horas, con media hora para el desalojo y limpieza (hasta las 22.30 horas) todos los días de la semana, sin excepción.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria incumplió las obligaciones de la Ley del Ruido, que obliga a las administraciones públicas a activar un trámite de información púbica, de un mes de duración, al elaborar un mapa de ruido. Al no hacerlo, impidió que los negocios afectados pudieran presentar alegaciones, lo que les causó una indefensión que denunciaron ante los tribunales. Así se recoge en dos sentencias que supusieron, en la práctica, la recuperación del horario habitual de funcionamiento de las terrazas, esto es, hasta la medianoche, de domingo a jueves; y hasta las 01.00 horas, los sábados y festivos, como en el resto de la ciudad, salvo algunas excepciones.
Sin embargo, el Consistorio capitalino tenía que cumplir con las sentencias que le obligaban «a adoptar las medidas para evitar o impedir la producción de ruido por encima de los niveles permitidos en sus viviendas situadas en el entorno de las calles Joaquín Costa, Isla de Cuba y Fernando Guanarteme».
Por eso, ahora reinicia el procedimiento para limitar el horario sin los fallos procedimentales que provocaron la anulación de su primera resolución. Y lo hace incorporando al expediente las diferentes sentencias, el estudio acústico y el plano de afectación.
Además, se ordena a la Policía Local que elabore un informe «sobre los locales que se encuentran en la zona afectada, detallando quiénes son los responsables de los mismos» y que se les otorgue un trámite de audiencia.
Así consta en una resolución de la Dirección general de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que fue firmada el pasado martes y que hay que publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.
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