El Ayuntamiento reconoce la deuda que acumuló con una anciana desde 2017
El Consistorio tramita el pago por un local de Servicios Sociales, cuyas facturas se apilaban en los cajones desde hace tres años y que suponen 44.853 euros
La Junta de Gobierno de la Ciudad ha iniciado los trámites para pagar las cuotas de arrendamiento y suministro eléctrico que el Ayuntamiento capitalino debe a los propietarios del local de Guanarteme desde el año 2017 y cuyo impago fue denunciado por ellos a través de este periódico. En concreto, se trata de la unidad de trabajo social de Guanarteme, que está cerca del centro de salud y desde la que se atiende a las personas con menos recursos de este barrio y de los núcleos de Santa Catalina y de La Isleta.
Los propietarios calculaban que los impagos del Ayuntamiento les habían costado unos 36.000 euros, pero en la relación de facturas que se incluyen en el expediente por parte de la Junta de Gobierno celebrada el pasado 23 de julio, la cifra final asciende a los 44.853,24 euros hasta mayo del presente año.
Un total de 31.899,86 euros se corresponden a facturas impagadas por el arrendamiento del local de la calle Mario César desde agosto de 2017, mientras que los 12.953,38 euros restantes son por el suministro eléctrico que también han venido pagando los propietarios del inmueble desde febrero de 2018 en adelante.
Los hijos de Modesta Marrero, una señora de noventa años con síntomas de demencia senil y Alzheimer, han venido reclamando el pago de estas facturas ya que el impago por parte del Ayuntamiento ha tenido un coste económico para ellos y les ha vedado la posibilidad de recibir complementos de la Seguridad Social
Acuerdo desde 2006
El Consistorio alquiló el inmueble de Modesta Marrero en 2006 para abrir allí un recurso social municipal. El precio del arrendamiento fue de 1.800 euros pero como el local precisaba de reformas y el gobierno tenía prisas por abril, la ciudad asumió los costes a cambio de compensarlos con el precio del alquiler. De este modo, la renta se quedaba en unos cuatrocientos euros, al menos hasta que se cubriera el desembolso que hubo que hacer en la obra del local. Sin embargo, en verano de 2017 el contrato se extinguió. Entonces se le pidió a la propietaria que siguiera pasando las mensualidades mientras se redactaba un nuevo acuerdo, pero éste nunca llegó. Y, por tanto, la administración interrumpe los pagos desde entonces.
Los propietarios se quejaron de la situación pero hasta ahora no había habido respuesta oficial por parte del Ayuntamiento.
