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La morosidad del Ayuntamiento arruina a una señora de 90 años

La morosidad del Ayuntamiento arruina a una señora de 90 años

Entre las 12.000 personas atendidas por los servicios sociales no busquen este nombre: Modesta Marrero. A esta anciana, el Ayuntamiento le debe 36.000 euros desde 2017. «La condenan a la miseria», dice su hijo.

Jueves, 1 de enero 1970

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Resulta paradójico que la pobreza de Modesta Marrero fluya del mismo lugar donde se atiende a los más necesitados del municipio. La unidad de trabajo social de Guanarteme, que mejora la vida de los desamparados de El Rincón, Santa Catalina, Guanarteme y Las Canteras, es el origen de la quiebra de esta vecina, la propietaria del local que el Ayuntamiento alquiló para instalar en él los servicios sociales.

Modesta, 90 años y con síntomas de demencia senil y Alzheimer, es ajena al esfuerzo que están realizando sus familiares, forzados por la morosidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para mantenerla y cuidarla como se merece. Es su hijo Carlos Díaz, que además actúa como apoderado, el que denuncia esta situación.

La relación de Modesta con el Consistorio capitalino se fraguó en 2006. Un año antes, la vecina había recibido el local de la calle Mario César como producto de una permuta. Meses más tarde, y ya estamos en mayo de 2006, el Consistorio contacta con la familia para exponerles su deseo de alquilar el inmueble para instalar allí la unidad de trabajo social.

El precio del arrendamiento se fijó entonces en 1.800 euros al mes, pero como era necesario hacer obras para adecuar el recinto, y la ciudad tenía prisas, se acordó que el Ayuntamiento acometiera la reforma y le fuera descontando de los recibos la cantidad correspondiente hasta saldar la deuda. Con ello, la mensualidad que recibía Modesta se quedaba en unos 400 euros.

Primeros impagos

Sin embargo, desde el primer momento, el Ayuntamiento se mostró como mal pagador. Los primeros pagos se retrasaron un año. «Sabíamos cómo funciona el tema público y asumíamos que iba a haber una cierta demora», señala Carlos Díaz. Pero un año era una tensión insoportable para las cuentas de la familia. Y así se lo hicieron saber.

El Consistorio se mostró receptivo con su petición y acordó con ellos hacer pagos trimestrales, algo a lo que los propietarios del local accedieron.

Así se mantuvo la situación hasta 2017. En pleno verano, se cumple la vigencia del contrato, en concreto el 14 de agosto. El Ayuntamiento le pide a la familia de Modesta que siga facturando el alquiler mientras se procede a la redacción del nuevo contrato. Así se hace. Y pese a que se mantiene el servicio en situación irregular, puesto que ya no hay contrato que ampare la ocupación del local de Modesta por parte de una oficina municipal, el Ayuntamiento interrumpe todo pago.

En noviembre les comunican que no va a haber contrato sino que se hará un concurso público. «Nos parece bien que se haga así porque es más transparente», aseguran, «no tenemos problemas en que no nos cojan porque no vamos a poder competir con grandes agencias». Ellos lo tienen claro: en cuanto el Ayuntamiento les pague la deuda y se vaya, ponen en venta el local.

El problema es que desde 2017 el Ayuntamiento no les paga ni una factura. Lo que esta ciudad le debe a Modesta son 34.303,59 euros en concepto de alquiler hasta abril de 2020, y otros 2.021,21 euros por la factura de la luz, que aunque era una obligación asumida por el arrendatario, el Consistorio también le pidió a la familia que la asumiera con la condición de que luego se la reembolsaría. En total, la deuda acumulada es de 36.325 euros.

La situación empeora porque Modesta y su familia tienen que seguir haciendo frente a todas las obligaciones derivadas de la existencia de estas facturas. Así, en el IRPF su pensión de viudedad (2.469,32 euros anuales) no tributa a su favor porque tiene una teórica renta de alquiler (14.342,4 euros) que no se materializa. Además, como en la cuenta del banco tiene unos ingresos menores a 700 euros mensuales, cada mes le cobran unos trece euros de cuota de mantenimiento. Por si fuera poco, el Covid-19 tampoco la libra de pagar el IGIC de las facturas de arrendamiento a la Comunidad Autónoma; y el IBI al propio Ayuntamiento. Es más, como tiene que facturar el alquiler, aunque no lo cobre, le queda vedada la posibilidad de solicitar el complementmínimo de las Prestaciones de la Seguridad Social, dado que para su obtención, es necesario no disponer de otras rentas.

«Parece que el local se ha convertido en una maldición», dice Carlos Díaz.

En febrero de este año, tras múltiples intentos infructuosos de cobrar, le dijeron en el Ayuntamiento que una vez que se aprobaran los presupuestos municipales se pagarían las facturas pendientes. Eso pasó en marzo, pero ni así.

Tampoco después de que el alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, trasladara a los empresarios la agilización de todos los pagos del Ayuntamiento, como se informó a través de la web municipal.

Tiempo para chocolatinas

El mismo alcalde que en plena pandemia encontró tiempo para apoyar una chocolatina en una competición montada por un ciudadano asturiano en Twitter, no ha podido responder a esta familia. «Le escribí al alcalde a través de la web pero no contesta», lamenta Carlos Díaz, «están preocupados en salir en las fotos, como si antes del Covid-19 no hubiera gente pasando penurias, pero claro, la situación de Modesta no vende».

Este periódico también solicitó explicaciones al grupo de gobierno por este caso, pero solo obtuvo la callada por respuesta.

«Lo que queremos es que se vayan y dejen libre el local para poder venderlo porque es más económico», prosiguió el apoderado de la familia, «con ese dinero podremos cubrir las necesidades básicas de mi madre».

Carlos Díaz resume la condena a la que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sometido a Modesta Marrero: « a la miseria, a la imposibilidad de disponer de su propiedad, a la imposibilidad de poder acceder a otras prestaciones, y a no disponer de un mínimo de dinero para poder demandar a ese Ayuntamiento, no sólo por pagarle el alquiler, sino por haber actuado de mala fe a sabiendas, y ya que siguen haciendo uso del local en la actualidad».

Y sentencia: «El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no solo ha hundido la economía de mi madre, sino también la del resto de sus hijos».

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