El Ayuntamiento se persona como perjudicado en la pieza del Valka que tiene investigada a Medina
El Juzgado de Instrucción 2 se dirigió al Consistorio y le informó del procedimiento de acciones para que definiera su condición
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido personarse como eventual parte perjudicada en la investigación abierta en el marco del caso Valka en lo que a la pieza separada que analiza el presunto pago de facturas infladas por parte de Parques y Jardines a la empresa Guerra Patrimonial FGG. En esta pieza es en la que está siendo investigada la exconcejala de Coordinación Territorial, Aguas, Carnaval y Fiestas, Inmaculada Medina, quien presentó su renuncia la pasada semana como consecuencia de su imputación.
La pieza separada que afecta a la exedila es la que trata de averiguar si existió «una trama de corrupción desarrollada en el Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entre los años 2015 y 2022, orientada a la distracción sistemática de fondos públicos mediante la manipulación de los pliegos técnicos, la confección de facturas falsas, la simulación de servicios no prestados y la validación contable de documentos mendaces, todo ello en beneficio de la mercantil Guerra Patrimonial FGG y con la participación concertada de los funcionarios y responsables políticos del área», tal y como recoge el auto judicial. En él se apunta, en base al escrito del fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, a la existencia de «sobrecostes superiores al 70% respecto de los consumos reales, lo que facilitó el pago indebido de fondos municipales».
Así, se habla de un perjuicio superior a los 250.000 euros causado al patrimonio municipal.
Por este motivo, el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, encabezado por el magistrado Rafael Passaro Cabrera, se dirigió al Ayuntamiento para indicarle el procedimiento de acciones, un acto procesal que se sustancia en el orden penal y que permite a la parte que se pueda sentir afectada definirse en el procedimiento.
En este caso, el Consistorio capitalino optó por personarse como perjudicado, lo que le permitirá intervenir de manera activa en toda la instrucción y solicitar, si se estima oportuno, derechos económicos o exigir la responsabilidad civil subsidiaria para reponer los supuestos daños causados al erario público.
Esta es la segunda personación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el procedimiento abierto como consecuencia del caso Valka, la investigación iniciada hace quince meses para tratar de esclarecer si en el Consistorio capitalino operó una supuesta trama corrupta con dos ramales diferentes:el área de Urbanismo, por un lado, y el de Parques y Jardines, por el otro.
El pasado mes de septiembre, la Audiencia Provincial admitió la personación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el caso Valka al estimar el recurso de apelación interpuesto por la dirección general de la Asesoría Jurídica municipal contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Instrucción 2 en sentido contrario.
Precisamente el hecho de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hubiera podido haber sufrido un posible perjuicio patrimonial derivado de los hechos que se investigan fue lo que motivó que la Audiencia Provincial entendiera que el Consistorio ostentaba la legitimación suficiente para intervenir en el proceso penal, también como eventual perjudicado.
Acusación popular
El viernes pasado se conocía también la decisión de la Audiencia Provincial para permitir la personación de la asociación de vecinos Rehoyas Avanza como acusación popular en el caso Valka. Este colectivo fue el que espoleó la investigación al denunciar en Fiscalía la permuta de una serie de parcelas en el ámbito de Tamaraceite Sur.
En estos momentos están como investigados la exconcejala Inmaculada Medina; el excoordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Setién; la exjefa de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa), Marina Más; el jefe de la oficina técnica de Obras de Geursa, Carlos Cabrera; el asesor jurídico de Geursa, Luis Manuel Pérez Cañón; el funcionario público Sergio González Cubas; el exjefe de Parques y Jardines, Miguel Padrón; el empresario Felipe Guerra; y su empresa Guerra Patrimonial FGG.
