El Ayuntamiento capitalino paga a la empresa que pidió que se multara al alcalde
El Consistorio inicia el procedimiento de abono de algo más de 592.000 euros por el mantenimiento de las fuentes en 2018 y 2019
El Ayuntamiento ha impulsado una modificación de crédito por valor de 592.142,56 euros para pagar a la empresa Imesapi por el servicio de mantenimiento de las fuentes ornamentales realizado entre abril de 2018 y noviembre de 2019. El Consistorio se ha visto obligado a liquidar esta deuda en virtud de un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2.
Ésta es una de las tres reclamaciones que la mercantil ha llevado a los tribunales para tratar de cobrar facturas pendientes. En otros dos pleitos -uno de 16.883 euros de principal y otro de casi 132.000 euros-, la empresa solicitó al juez que impusiera una multa coercitiva al alcalde, Augusto Hidalgo, por valor de 1.500 euros, ante el impago de los trabajos realizados.
La cantidad total que Imesapi reclama en los tres procedimientos judiciales abiertos alcanza casi los 741.000 euros, a los que hay que sumar los intereses de demora y las costas judiciales, que suman otros 185.000 euros, aproximadamente.
La modificación de crédito que ahora se impulsa hace referencia a la cantidad mayor de las reclamadas y la única por la que la empresa no reclamó la imposición de sanciones contra el regidor. Sin embargo, en el auto que emite el juzgado el pasado 10 de marzo, se advierte de que se pueden imponer multas de entre 150 y 1.500 euros «a las autoridades, funcionarios o agentes, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales».
Fondo de contingencia
Ahora se va a pagar los 591.828,91 euros que correspondían a veinte facturas y otros 313,65 euros por intereses de demora. El dinero que se va emplear es el que está recogido en el Fondo de Contingencia, una bolsa que se emplea para atender imprevistos no aplazables que no tengan crédito presupuestario.
Parte de la demora en el pago se explica porque los trabajos se realizaron sin soporte contractual y esto atasca el procedimiento ordinario. El importe «corresponde a servicios prestados y certificados de mantenimiento de fuentes ornamentales en situación de nulidad contractual», se explica en el expediente.
La sentencia que obliga al pago adquirió firmeza el 30 de julio de 2021 y el 2 de marzo de 2022, la compañía solicitó su ejecución forzosa. Veintitrés días después, la unidad técnica de Parques y Jardines solicitó que se impulsara la modificación de crédito que será aprobada la semana que viene antes de ser remitida a pleno.
Cuando la noticia salió a la luz, el PP pidió al juzgado que actuara «únicamente contra los gestores de la ciudad y no contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria».
