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Vista de las oficinas municipales. Juan Carlos Alonso
El Ayuntamiento mantiene 16 procesos de estabilización y reinicia el que frenó el TSJC
Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento mantiene 16 procesos de estabilización y reinicia el que frenó el TSJC

Las Palmas de Gran Canaria se compromete a finalizar la estabilización del personal temporal antes de fin de año, como exige la ley

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 7 de febrero 2024, 01:00

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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado el procedimiento de modificación de su plantilla con el fin de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló el procedimiento de funcionarización de 644 puestos de trabajo que están ocupados por trabajadores laborales indefinidos no fijos y temporales de larga duración. El fallo judicial condenó el procedimiento empleado y obliga al Consistorio a estabilizar a ese personal antes de articular ningún proceso de funcionarización.

El Ayuntamiento tiene de plazo hasta que acabe el presente año para estabilizar a 926 trabajadores. Mientras se solventa el problema con los 644 cuyo proceso paralizó el TSJC, se mantienen otros 16 procesos que engloban a algo menos de trescientos empleados públicos que trabajan para el Ayuntamiento.

«Vamos a finalizar el proceso de estabilización en tiempo y forma porque este es un gobierno solvente», prometió este martes la concejala de Recursos Humanos, Esther Lidia Martín, «hemos adelantado las convocatorias no afectadas y, respecto a las que sí, se está modificando la plantilla».

La edila protagonizó una comparecencia en la comisión de Organización, Funcionamiento y Régimen General a petición del concejal del PP Ignacio García Marina. Este edil aseguró que el varapalo judicial «es consecuencia de una gestión» que viene del mandato anterior. «Fue un disparate o un absoluto desconocimiento de la legislación, pero ya sea por incompetencia o incomparecencia, es igualmente denunciable», expuso, «la sentencia les lava la cara».

Martín le recordó que las anulaciones de las relaciones de puestos de trabajo durante el mandato del PP habían costado a la ciudad 25 millones de euros.

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