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Imagen de la vivienda que queda desprotegida. COBER
El Ayuntamiento desprotege otra casa por orden del TSJC
Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento desprotege otra casa por orden del TSJC

La sentencia anula la catalogación del bien, situado en Bravo Murillo, porque su estructura original fue alterada en 1967 y en 1980

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 6 de marzo 2024, 01:00

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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dio orden este martes de que se anulara la protección que tenía el inmueble situado en la calle Bravo Murillo 10 con Colmenares 13, en virtud de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitida en el año 2022.

La decisión abre la vía a la demolición del edificio, tal y como había solicitado la comunidad de propietarios en 2018.

Ese año, el Ayuntamiento denegó la licencia presentada por los dueños del edificio para su derribo completo. Esta decisión fue recurrida ante los tribunales junto a un recurso indirecto contra el Plan General de Ordenación de 2012, que mantenía el inmueble dentro del catálogo municipal de protección con la ficha ARQ-385.

Lo que defendía el Ayuntamiento

El Ayuntamiento había defendido que el edificio de Fernando Navarro, de 1912, era «un buen ejemplo de arquitectura académica», a pesar de las intervenciones operadas en fachada, además de ofrecer testimonio de la continuidad arquitectónica con Triana.

Además, los técnicos redactores del catálogo municipal habían defendido la importancia de « las técnicas usadas artesanales y el sistema constructivo que es mudéjar, así como el logro económico dado que la parcela es considerable y cuenta con materiales nobles».

Y se resaltaba su vinculación con Perojo, como demuestra el hecho de que en la calle Colmenares, entre Canalejas y Pedro Vera, hay 16 edificios, de los que la mitad están catalogados.

Lo que argumentaba la propiedad

Sin embargo, la propiedad alegó que en dos obras realizadas en los años 1967 y 1980 se alteró la disposición de las habitaciones pasantes (las estancias interiores que se comunican entre sí, sin ventilación) y, en definitiva, la estructura original del edificio, así como «la composición original y academicista de los huecos en planta baja alterándose y desvirtuándose la composición original y constructiva».

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2, en 2020, y luego el TSJC, en 2022, determinaron que el edificio estaba «erróneamente catalogado». El Alto Tribunal aseguraba que no se podía «reconocer un nivel de protección ambiental, al no existir los valores que lo justifican debido a las sucesivas reformas. Es por ello que procede estimar la presente cuestión de ilegalidad y declarar la anulación de la ficha del Catálogo General Municipal de Protección ARQ-385 del Plan General de Ordenación de 2012».

Además, se desechaba su importancia estratégica como elemento de continuidad y conexión de los valores arquitectónicos y urbanos reconocidos en Triana y en Perojo. «No existe tal continuidad debido a la existencia de un viario como el de Bravo Murillo y que el inmueble no está en el ámbito y en el entorno de Perojo», dictó el TSJC.

En noviembre de 2022 se declaró la firmeza de la sentencia y en febrero de 2023 se dio la orden de cumplimiento de la sentencia, que fructifica ahora, y abre la vía a una posible demolición del edificio.

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