El Ayuntamiento descarta pujar por la urbanización del solar del Canódromo

La Agencia Tributaria ha abierto el plazo de presentación de ofertas en una puja abierta y pública del aprovechamiento urbanístico de la finca del Canódromo. Y lo hace para cobrar las deudas que la mercantil Urbacan mantiene con la Hacienda pública a través de un procedimiento de embargo.

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Hay que recordar que Urbacan fue la empresa que inició la operación urbanística que permitió que la ciudad consiguiera el suelo del parque del Canódromo. A cambio de ello, recibió tres fincas, una de las cuales vendió a Realia, que también le compró la de la esquina del Canódromo para levantar dos torres de catorce plantas de altura y 120 pisos.

La Agencia Tributaria ha fijado el precio del aprovechamiento urbanístico de este paquete de viviendas en 5,78 millones de euros. Los tramos de la puja se fijan en 10.000 euros cada uno.

Además, de acuerdo con la información del portal de subastas, se exige que el importe del depósito para participar en la subasta sea de 288.796,56 euros.

«Pensamos que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no se puede presentar a esta subasta», añadió Doreste, «probablemente la otra parte recurra -dijo en referencia a Realia- y la ciudad no se puede involucrar en ese conflicto».

En los últimos tiempos, el Consistorio capitalino sí ha pagado por edificios que se consideran importantes para la ciudad, si bien no ha sido en procedimientos de subasta abierta sino a través de convenios, principalmente con otras administraciones públicas.

Esto fue lo que pasó con el edificio Fyffes, en la zona del Refugio. En este caso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria compró al Estado el inmueble por un importe de 12,55 millones de euros. La intención del grupo de gobierno es convertir este inmueble en un gran centro para la producción y la innovación cultural.

En mandatos anteriores también se llegó a acuerdos con el Estado para adquirir inmuebles públicos. Así, la ciudad desembolsó algo más de 1,5 millones de euros por el acuartelamiento de Manuel Lois, en el barranco de Tamaraceite, y por el castillo de San Francisco.

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Cuando acabe la fase de presentación de ofertas, a principios del próximo mes, la Agencia Tributaria tendrá un plazo de quince días naturales para estudiar las distintas ofertas y adjudicar el aprovechamiento urbanístico del Canódromo.

Las normas que rigen el procedimiento de subasta determinan que si la oferta más cuantiosa iguala o supera el 50% del precio de la subasta, se produce una adjudicación directa al licitador que haya presentado esa puja.

Pero si ninguna alcanza ese porcentaje, la Mesa Nacional de Subastas, con sede en Madrid, estudiará todas las ofertas y, en función del interés público, decidirá si la adjudica o no.