Imagen de las dos torres del Canódromo. / ARCADIO SUÁREZ

El Canódromo: dos torres polémicas con el uso urbanístico a subasta

Hacienda inició un embargo contra la empresa Urbacan, que tiene el aprovechamiento urbanístico en el registro de la propiedad

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Tributaria ha sacado a subasta el aprovechamiento urbanístico de las torres del Canódromo como consecuencia de un embargo practicado contra la empresa Urbacan por la deuda que mantiene con Hacienda.

De acuerdo a la información publicada en el portal de subastas, el valor que se da a la puja es de 5.775.931,31 euros. Se trata de una cantidad que ha sido determinada por una tasación. Además, se fija un importe de 10.000 euros para los tramos de la puja.

El bien que es objeto de la subasta se describe como el «aprovechamiento urbanístico consistente en una edificabilidad residencial para 120 viviendas en el ámbito del Plan Especial de Reforma Interior APR-09 El Canódromo, con una superficie de 13.200 metros cuadrados».

Perspectiva de las dos torres desde el Barranquillo de Don Zoilo. / Arcadio Suárez

Fuentes tributarias consultadas por este periódico explicaron que el aprovechamiento urbanístico de la finca está inscrito a favor de Urbacan, pese a que esta mercantil vendió en su momento la parcela a Realia.

Esta última empresa es la que ha venido levantando, en medio de una intensa y larga batalla judicial, las dos torres de catorce plantas de altura, con 120 pisos, 165 plazas de aparcamiento y 101 cuartos trasteros.

Los orígenes de la operación

Urbacan fue la empresa que suscribió el convenio urbanístico con el que se inició la operación del Canódromo en abril del año 2002.

En virtud de este acuerdo, la compañía cedía el suelo que hoy ocupa el parque del Canódromo y, a cambio, la ciudad el entregaba tres solares: una finca estaba al lado del hospital general de Gran Canaria Doctor Negrín, que fue valorada en algo más de tres millones de euros; otra estaba en Las Torres y fue valorada en 2,6 millones de euros; y una tercera, situada en Almatriche, tasada en 2,5 millones de euros.

Tras su obtención, Urbacan vendía dos fincas a Realia: la del Negrín, por 7,5 millones de euros; y la de la esquina de Schamann, donde están las dos torres, por otros 7 millones.

El inicio de las reclamaciones vecinales

En 2003, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobaba el plan del Canódromo sin someterlo a información pública, lo que provocó una reclamación judicial por parte de la asociación de vecinos Ciudad Alta en el año 2004.

A consecuencia de la acción ciudadana, las torres no han terminado de construirse -las dos están levantadas pero no concluidas. En 2009 se paralizó la construcción de la primera de las dos torres como consecuencia de la tormenta judicial desatada, y solo se retomó la obra una década más tarde.

La cuantificación de los daños

  • 21 millones. Es el cálculo que hizo Realia de los daños y causados por no poder terminar la obra. La estimación, presentada en 2015, se ceñía hasta el año 2010, con lo que desde entonces habrá crecido. Si terminaba la obra, la cifra bajaba a 2,8 millone

En la actualidad, el pulso que se dirime en los juzgados tiene que ver con las directrices urbanísticas anuladas en su momento por sentencias judiciales para esta finca y su transmisión a los planeamientos sucesivos de 2012 y 2020. Y, derivado de ello, si las licencias de obra concedidas por el Ayuntamiento a Realia pueden ser consideradas válidas o no.

Cómo se adjudica la subasta

Una vez que finalice la fase de presentación de ofertas, que es de veinte días, la Agencia Tributaria tiene quince días naturales para adjudicar el aprovechamiento urbanístico del Canódromo.

Fuentes de la Agencia Tributaria explicaron que si la oferta presentada más cuantiosa iguala o supera el 50% del precio de la subasta, se produce una adjudicación directa al licitador que haya presentado esa puja.

Sin embargo, si ninguna de las ofertas llega a ese porcentaje del 50%, la Mesa Nacional de Subastas, con sede en Madrid, estudiará las diferentes ofertas y, en función del interés público, decidirá si la mejor de las ofertas presentadas es suficiente para resultar adjudicataria o si, por el contrario, se declara desierta la subasta.

En todo caso, la Agencia Tributaria mantiene el derecho de embargo y se puede decidir sacar el mismo bien a subasta en un nuevo procedimiento más adelante.