El letrado José Gerardo Ruiz Pasquau fue el promotor de la petición de nulidad de las actuaciones. / C7

La Audiencia absuelve a dos acusados de blanqueo tras anular las grabaciones

La Sección Sexta estima que la intervención telefónica que dio origen a la investigación se llevó a cabo sin «base o indicio suficiente»

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a dos personas que estaban siendo acusadas de haber cometido un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas. La Sala tuvo en cuenta la petición de nulidad de las actuaciones planteada por el letrado José Gerardo Ruiz Pasquau -a las que se adhirió el abogado de otra defensa, Armando Martín Bueno-, quien en las cuestiones previas expuso que el 'pinchazo' telefónico de la Policía Nacional que dio origen a la investigación, se realizó sin base o indicios suficientes y estas conversaciones ni siquiera se llegaron formalmente a intervenir al no figurar el número de teléfono intervenido en la parte dispositiva del auto de la supuesta autorización de las escuchas.

El procedimiento, que fue juzgado el 30 de noviembre, sentó en el banquillo a una pareja a la que el Ministerio Fiscal solicitaba una pena para cada uno de seis años de cárcel por la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales, después de una investigación llevada a cabo por el Grupo 3 de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) del Cuerpo Nacional de Policía. Los agentes, en enero de 2017 y en el marco de una investigación a una supuesta banda de traficantes de droga, solicitaron la intervención telefónica de un número con titular desconocido, la cual fue autorizada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria el día 12 de dicho mes.

Como resultado de dicho 'pinchazo' telefónico, los agentes identificaron al propietario de la línea, un varón conocido como 'el Maromo'. Los agentes, tras analizar las conversaciones, volvieron a solicitar más intervenciones el 24 de enero de 2017 y uno de los teléfonos era del acusado, alias 'el Príncipe', a quien consideraron como el presunto socio en negocios ilegales relacionados con drogas del 'Maromo'.

El abogado Armando Martín Bueno. / Cober

Tras varios meses de seguimientos, el 16 de febrero del mismo año localizaron al 'Maromo' y al 'Príncipe' en una vivienda del barrio de La Isleta. Al poco tiempo, el 'Príncipe' salió de la casa con una mochila y al ser detenido, encontraron que en su interior guardaba 184.080 euros. Minutos más tarde, los agentes también procedieron a la detención del 'Maromo'.

Tras solicitar al juzgado en funciones de guardia una autorización de entrada y registro en este inmueble, encontraron en su interior más dinero en metálico y documentación propiedad de los dos acusados.

Con estos ingredientes, la Fiscalía Provincial de Las Palmas elevó un escrito de acusación contra los dos encausados que fue fue respondido por las dos defensas con sendas peticiones de libre absolución para sus patrocinados.

La Sala tuvo en cuenta la petición de nulidad de las actuaciones planteada por el letrado José Gerardo Ruiz Pasquau

El principal motivo que esgrimieron y que posteriormente expusieron a la Sala en la vista oral, era la nulidad de las actuaciones al entender que las mismas se iniciaron en base a una prueba contaminada. Por consiguiente, el letrado Ruiz Pasquau apeló a la doctrina de la fruta de árbol envenenado y la misma determina que cualquier prueba que directamente o indirectamente y por cualquier nexo se pudiera relacionar con una prueba nula, debe también considerarse de la misma forma.

La Sala, al analizar el expediente, resolvió que «ni existía base o indicio suficiente para acordar la intervención del teléfono», ni el mismo «se llegó formalmente a intervenir (o por mejor decir se intervino sin la correspondiente cobertura), al no figurar en la parte dispositiva» del auto que dio origen a la investigación. Se trata, para la Audiencia Provincial, «evidentemente de un error de redacción», motivado «también sin duda, por el ingente número de teléfonos intervenidos», y por más que para la Sala «sea disculpable», debe de tener «sus efectos procedimentales y no es otro que la nulidad de la intervención del teléfono y de las subsiguientes acordadas en base a aquella y que se han relacionado tanto en el relato de hechos probados, como en los párrafos precedentes», detalla la sentencia que tuvo como ponente al magistrado Carlos Vielba Escobar.

Una investigación justificada en base a una prueba nula

El fallo detalla que en el juicio, un agente señaló que montaron el seguimiento a los acusados el 16 de febrero «por que sabían que Efrén [nombre ficticio] traficaba», a lo que la Sala añadió que «este conocimiento se obtuvo con la intervención que acabamos de anular», dando por válida la aplicación de la doctrina de la fruta del árbol envenenado.

También observa la sentencia que el oficio que dio lugar a la investigación sobre los dos acusados ahora absueltos por el delito de blanqueo de capitales, los investigadores aportaron indicios sin peso específico.

Sostiene esta resolución que la aprehensión del dinero en metálico, la documentación encontrada en el registro domiciliario y la incautación el 4 de enero de 2017 de 245 kilos de hachís y que se vinculó al 'Maromo' porque –presuntamente– tenía la infraestructura necesaria para trasladarla, «no llegó a plasmarse». El motivo argumentado es que la droga se incautó con anterioridad, como así constaba en el procedimiento.

Prescindiendo de este hallazgo, el fallo considera que la relación del 'Maromo' con la droga «no es sino una conjetura no confirmada».

Tanto la aprehensión del metálico «en su mayor parte de origen lícito», como los documentos encontrados en el salón del domicilio, no tienen «vinculación con el delito contra la saluda pública que se venía investigando». En el registro al domicilio del 'Príncipe' se encontraron documentos relacionados con propiedades inmobiliarias, unos «indicios aportados como justificativos que derivan de manera directa e inmediata de una diligencia de prueba que hemos anulado», determina la Sala. Y es que estos indicios no «han sido ajenos a aquella prueba anulada, sino que la investigación posterior vino propiciada, justificada y amparada en base a las conclusiones y hallazgos obtenidos en base a una prueba nula».