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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene en estos momentos 232 peticiones de instalación de vados en la ciudad pendientes de respuesta. Las carencias de personal para realizar las inspecciones técnicas y la compleja tramitación burocrática que requieren estas autorizaciones explican el atasco que se produce con estas peticiones.
En la actualidad, de las 232 solicitudes que están sin resolver, 150 son expedientes de 2022 que están pendientes de la visita técnica del técnico municipal; otros 54 comparten esta situación, pero se trata de trámites que se han iniciado en este año; y 28 expedientes más están solo pendientes de resolución.
Estos datos fueron ofrecidos por el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, durante la celebración de la comisión de Desarrollo Sostenible, en la que compareció a petición del Partido Popular.
El edil detalló el procedimiento que se sigue cuando se registra una solicitud de vado y reconoció que el procedimiento tiene margen de mejora. Además, detalló que, hasta hace unas semanas, todo el equipo que se encargaba de los vados estaba compuesto solo por un técnico y dos administrativas. En los últimos días, se ha podido incorporar otro técnico, una figura esencial en el procedimiento porque es la encargada de realizar la inspección técnica de la documentación, la visita al emplazamiento en el que se solicita el vado y la redacción de la propuesta de resolución.
Un vecino del distrito de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya con el que contactó este periódico explicó su caso con la condición de no revelar su identidad. «Tardaron catorce meses en darme el vado, pero lo mejor es que la inspección que hace el técnico cuando viene dura diez minutos», expuso.
Hasta 30 de octubre de 2022, el Ayuntamiento había calculado unos ingresos derivados de los vados que alcanzaban un montante total de 1,11 millones de euros, una cifra superior a la previsión hecha a principios de año para todo ese ejercicio económico, que era de 1,06 millones de euros.
El presupuesto para 2023 hace una estimación de ingresos de 1,13 millones de euros por la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras, y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos o carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
En estos momentos la capital tiene más de 9.000 vados autorizados, cuyos beneficiarios pagan en función de la categoría fiscal de la calle. Así, los que están situados en calles de primera categoría deben abonar 240 euros; los de las vías de segunda categoría, 75 euros; y los de tercera, 36 euros.
«Hay que cambiar el procedimiento, tiene margen de simplificación», expuso Ramírez, «aprovecharemos la aprobación de la nueva ordenanza de movilidad para simplificar estos procedimientos que generan retrasos».
Para el viceportavoz del Partido Popular, Ángel Sabroso, el problema principal está en el procedimiento, «que es un galimatías». Criticó que en los últimos ocho años no se haya podido aprobar la ordenanza de movilidad para simplificar la tramitación de los vados.
Sabroso explicó que la media que se tarda en autorizar una solicitud de vado en la ciudad ronda los doce o trece meses aproximadamente.
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