Los altercados en el complejo residencial Porto Bello, de Puerto Rico, fueron una constante. / C7

Ante el Tribunal por los disturbios en Porto Bello

Un acusado se enfrenta a una condena de cinco años de cárcel por provocar desórdenes públicos, agredir a agentes y provocar destrozos

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas será la encargada de juzgar a Ahmed Haison, un varón acusado de haber creado numerosos disturbios y un motín cuando estaba alojado en los apartamentos Puerto Bello, de Puerto Rico, tras haber llegado en patera a la isla. Por estas acciones, la Fiscalía Provincial de Las Palmas le pide una pena de cinco años de cárcel y multa de 7.200 euros en relación a los delitos de desórdenes públicos en concurso ideal con el delito de atentado y daños.

Hay que recordar que este juicio fue señalado para el pasado mes de marzo, pero tuvo que ser suspendido y ahora se celebrará este martes y miércoles próximo en sesiones que tendrán comienzo a partir de las 10.00 horas.

Según el fiscal, el acusado -natural de Marruecos y en situación irregular en España- cometió los presuntos hechos sobre las 22.30 horas del 8 de febrero de 2021, todo ello con el «ánimo de perturbar de forma grave la paz y la tranquilidad del resto de los residentes del centro». Estos apartamentos Puerto Bello, propiedad de la entidad Hermanos Medina La Herradura, estaban siendo gestionados por la ONG Respuesta Social bajo la tutela del Gobierno de Canarias, al ser utilizados «como lugar de acogida de menores extranjeros no acompañados».

De esta forma, Ahmed Haison actuó portando una pata de madera arrancada de la cama de una habitación e iba con varios menas que llevaban cadenas, palos de madera o cristales, con los cuales «amedrentaban a los residentes del citado complejo que no se sumaban a su revuelta, provocaron una alteración multitudinaria en el centro e instaron a los demás residentes a sumarse a ella», sostiene el Ministerio Público. A ellos los siguieron «en sus actuaciones unos 20 menores residentes del citado centro».

Se ensañaron

Durante estos hechos, el encausado «causaron destrozos en todas las plantas del complejo Puerto Bello», consistentes en la rotura de los cristales de las puertas y de las ventanas, de todo tipo de muebles y electrodomésticos, de vigas, de enganches o de tomas de luz. Asimismo, lanzaron diversos objetos como microondas, sillas o mesas por los balcones de las habitaciones. De esta forma provocaron «que los educadores del centro que se encontraban en ese momento en el mismo, tuvieran que esconderse, por el temor causado, en una habitación de la planta inferior, para evitar ser lesionados», a la espera de la llegada de la Guardia Civil. Una vez llegaron los agentes, observaron la colocación de «barricadas construidas con sillas, microondas y cristales en el suelo» y «agua con jabón derramada en el mismo», para impedir su acceso.

Ahmed Haison «junto con los menores que le seguían», vieron a los guardias y actuaron con «animo de atentar contra ellos». Mostraron «agresividad, alteración y nerviosismo» y lanzaron a los agentes «diferentes objetos, como garrafas de agua llenas o pequeños electrodomésticos, llegando a correr peligro sus vidas, sin que finalmente lograra ningún efecto impactar contra los agentes».

Estos hechos, para el fiscal, son constitutivos de un delito de desórdenes públicos, en concurso ideal con un delito de atentado a agente de la autoridad. Además, interesa que, en caso de recaer sentencia condenatoria sobre Ahmed Haison, sea expulsado del país cuando se le conceda la libertad condicional.

Siguen reclamando cerca de un millón de euros al Gobierno

Hay que recordar que, de forma paralela, los dueños del complejo Porto Bello demandaron al Gobierno de Canarias cerca de un millón de euros por los destrozos ocasionados por los menores inmigrantes alojados allí, además de por la revuelta liderada en 2021 por este marroquí acusado de desórdenes. La sociedad Hermanos Medina La Herradura SL reclamará a la comunidad autónoma el pago de los daños por vía administrativa, por lo que se ha retirado como acusación particular en esta causa. El abogado de la propiedad, Álvaro Campanario, recordó que la Fiscalía reclama por los desperfectos ocasionados en la revuelta 10.092 euros, aunque «han sido muchos más los que se produjeron en los apartamentos», dijo.